El Gobierno exigirá a los nuevos centros de datos un 80% de consumo renovable y blindaje de datos ante terceros países
El Gobierno ha puesto en marcha una criba masiva de los proyectos de centros de datos que aspiran a enchufarse a la red eléctrica española. Un real decreto en tramitación urgente impondrá nuevas exigencias de consumo renovable, eficiencia hídrica y seguridad digital, con el objetivo de separar los proyectos viables de los que el Ejecutivo considera 'fantasma' o meramente especulativos.
Un aluvión de solicitudes que desborda las previsiones
El Gobierno se ha visto desbordado por la avalancha de peticiones para instalar nuevos centros de datos. Las solicitudes con permiso para conectarse a la red eléctrica ya suman unos 12,5 gigavatios (GW), y se calcula que hay otros 20 GW en trámite o en preparación. Estas cifras contrastan con las estimaciones oficiales, que fijan en entre 3,5 y 4 GW la demanda necesaria para 2030, y con las de la patronal sectorial Spain DC, que anticipa entre 2,6 y 3 GW.
Fuentes oficiales del Ejecutivo señalan que en ese aluvión hay proyectos sin una iniciativa industrial real detrás o movimientos especulativos. La nueva normativa pretende filtrar esa bolsa de solicitudes para liberar capacidad de acceso a la red, que es limitada, y priorizar las instalaciones más sostenibles y seguras.
Nuevos requisitos verdes: 80% renovable y eficiencia hídrica
El real decreto que preparan los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía obligará a todos los nuevos centros de datos de más de 1 megavatio (MW) de potencia a cumplir los estándares de eficiencia más exigentes que prepara la UE, tanto en consumo eléctrico como hídrico. Además, deberán acreditar que al menos el 80% de la electricidad que consumen cada hora es de origen renovable, y que esa energía proviene de plantas construidas en los 18 meses anteriores.
El objetivo es evitar que el aumento de demanda de los centros de datos dispare el uso de centrales de gas. La exigencia de nueva capacidad renovable, en lugar de permitir el uso de plantas ya existentes, busca que el crecimiento digital no compita con otros consumidores por la electricidad verde ya disponible.
Soberanía digital y acceso a la red
La propuesta también refuerza la seguridad digital. Los operadores de nuevos centros de datos deberán ser empresas establecidas en la UE, los datos que traten deberán permanecer en territorio comunitario y se controlarán los accesos desde terceros países. Para los centros que manejen datos de administraciones públicas o vinculados a la seguridad nacional, quedará totalmente prohibido proporcionar información a entidades de fuera de la UE.
Para acceder a la red eléctrica, los proyectos deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos. Quienes ya tengan derechos de acceso y no los cumplan se enfrentarán a penalizaciones crecientes en los peajes y cargos, y en última instancia podrían perder su derecho de conexión y el suministro. Los proyectos en trámite tendrán seis meses para adaptarse, o tres si están a la espera de un concurso, con la opción de renunciar sin ejecutar las garantías económicas.
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