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Fundación Renovables: prorrogar Almaraz invalida el PNIEC y frena la fotovoltaica en Extremadura

La decisión del Gobierno de prorrogar la central nuclear de Almaraz hasta 2030 ha sido calificada por la Fundación Renovables como "un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad". En una entrevista con elDiario.es, realizada antes de la prórroga y actualizada tras conocerse la orden ministerial, su presidente, Fernando Ferrando, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, alertan de que la medida invalida el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de que la permanencia de la planta extremeña bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica y almacenamiento, especialmente en esa comunidad.

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Fotografía que ilustra la noticia: Fundación Renovables: prorrogar Almaraz invalida el PNIEC y frena la fotovoltaica en Extremadura
(elDiario.es)

Una prórroga sin razones técnicas que dinamita la planificación

Fernando Ferrando sostiene que "la publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes". La medida, que alarga la vida de la central hasta 2030, supone, según sus cálculos, "14 TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028", y advierte de que las inversiones, principalmente en fotovoltaica, "van a sufrir más precios deprimidos".

Ismael Morales es más contundente: el PNIEC "queda totalmente invalidado". Afecta "a cada uno de sus objetivos" y "a la mayoría los lastrará", lo que obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. Morales subraya el riesgo de "efecto dominó" sobre la actualización del plan en 2028 y recuerda que los objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático: "No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida".

La prórroga, además, llega en un momento de "enfriamiento de la euforia" renovable. Las eléctricas frenan inversiones y venden activos, mientras la permanencia de Almaraz, según Morales, "será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento", sobre todo en Extremadura, donde la base del modelo era el cierre en el plazo fijado por el PNIEC.

El control de las redes como palanca de la transición

Ferrando denuncia que "controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición". Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras: "Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses". Esta capacidad de decisión se extiende a los puntos de recarga de vehículos eléctricos y convierte a las grandes compañías en dueñas de la "llave total".

El presidente de la Fundación Renovables pone como ejemplo la "operación reforzada" que aplica Red Eléctrica tras el apagón: los ciclos combinados, en lugar de ofertarse en el programa diario, entran en restricciones, lo que eleva su retribución de una media de 40 euros a 250-300 euros por MWh producido. "Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley", sentencia.

En este contexto, Ferrando denuncia la presión de Iberdrola para que el transporte de alta tensión deje de ser monopolio de Red Eléctrica, un movimiento que "limitaría su capacidad" al hacerlo privado. Recuerda que Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución, un "bien esencial y estratégico" donde "quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad". La apuesta de las eléctricas por las redes responde a que es "un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado", frente a la generación renovable, donde los que invirtieron en fotovoltaica "están en default" por falta de demanda y de electrificación.

Un Estado emprendedor frente a la mercantilización

Ferrando y Morales defienden en su libro 'Manual de Independencia Energética', presentado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que la transición se ha convertido "en un negocio gestionado por intereses privados". Ferrando critica que se haya enfocado "solo por la parte de la oferta", obviando a consumidores, trabajadores y sociedad: "El objetivo era mercantilizar la transición energética".

Para corregirlo, reclaman un Estado que asuma "un papel inversor, de emprendedor", más allá del regulador. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural pero privado: "Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado". También denuncia que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado.

Ferrando critica además la gestión de las concesiones hidroeléctricas, que en los años 90 se automatizaron y ampliaron a 75 años más, de modo que revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. "Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP", afirma, aunque matiza que la potencia afectada es "ridícula", por debajo de 1.000 MW hasta 2030.

El apagón como impulso regulatorio y el reto de la aceptación social

Sobre el apagón de abril, Ferrando considera que "ha sido un impulso regulatorio", aunque "el miedo que introdujo lo ha aprovechado quien más poder tenía", con discursos como el de Almaraz, "que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón". Morales añade que "tecnológica y regulatoria-mente hemos avanzado": los inversores ya podían ofrecer grid forming, solo faltaba la actualización de software y el procedimiento operativo. "La regulación energética de España avanza con las crisis", resume, aunque reconoce que socialmente se ha instalado el miedo a más renovables.

En cuanto a los conflictos por la ubicación de macroplantas, Morales defiende "escuchar y aceptar las demandas del territorio" antes de diseñar el proyecto. Critica el PLATER catalán, que fija objetivos por municipio sin preguntar, y defiende una comunicación "temprana y adaptada", que contrate personal local y redistribuya beneficios. Ferrando recuerda que el año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos y que la "mala praxis" es minoritaria, aunque existan casos judicializados, y pone el ejemplo de Matarraña (Teruel): "Las renovables se tienen que integrar en el territorio, no que venga un tío de Madrid y dé una renta al que le ha tocado en suerte".

Sobre el avance de la extrema derecha en la agenda climática, Ferrando lamenta que "el relato mata al dato" y que "la confrontación pesa más que la realidad", aunque reconoce que "algo hemos avanzado" y que la disputa ya no es entre carbón y renovables, sino sobre cómo llevarlas a cabo y a qué velocidad. "Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad...", reflexiona. Morales concluye que "no se ha socializado la lucha contra el cambio climático": "La ciudadanía no sabe que puede formar parte".