Ceuta: el acuerdo de retorno de menores con Marruecos no es una autorización para devolverlos, advierten juristas y ONG

Un acuerdo que nunca se ha aplicado y que no es una vía rápida para la expulsión

El acuerdo de cooperación entre España y Marruecos para la protección y retorno de menores no acompañados se firmó en Rabat en 2007 y está en vigor desde 2012. Su objetivo es prevenir la inmigración irregular de menores, garantizar su protección en España y facilitar su retorno a Marruecos cuando proceda. Pero, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno de marzo de 2020, desde su entrada en vigor no se ha producido ni una sola repatriación amparada en este convenio.

Las devoluciones que sí se ejecutaron en el verano de 2021, tras la anterior crisis migratoria en Ceuta, fueron declaradas ilegales por los tribunales. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 la condena a España por aquellas expulsiones, realizadas sin acompañamiento y sin verificar la situación de los menores. El alto tribunal señaló entonces que las devoluciones deben ajustarse a la legislación española y a sus garantías, y no pueden basarse solo en el acuerdo hispano-marroquí.

Para Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos y ex directora general de Derechos de la Infancia, el convenio no puede ser una vía para eludir las obligaciones legales. "No se puede interpretar el acuerdo como una autorización a la devolución a Marruecos de los niños y las niñas que están en Ceuta", advierte. "No se puede utilizar el acuerdo de 2007 como puerta trasera para incumplir lo que la legislación dice en materia de protección de la infancia".

La UE y los expertos: el retorno exige valoración individual y garantías

La Comisión Europea ha defendido que los migrantes en situación irregular en Ceuta, incluidos los menores, puedan ser retornados a Marruecos. Pero Bruselas matiza que no puede ser un procedimiento "automático o colectivo", sino que debe atender al interés superior del menor y asegurar la reunificación familiar o la tutela institucional en Marruecos.

Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es taxativo: "Un menor nunca puede ser expulsado". El experto aclara que el retorno no puede confundirse con una devolución sin garantías y que no puede significar "devolverlo a su país y dejarlo en la calle". "Al menor no se le expulsa ni se le repatría, se le agrupa con su familia o con los servicios de protección", añade.

Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo de Save The Children, incide en que "la reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso". La experta subraya que el convenio con Marruecos "no es el paraguas para tomar una decisión colectiva", y alerta de las consecuencias si los menores son devueltos a entornos inseguros: pueden acabar en la calle, ser forzados a casarse o sufrir violencia.

Assiego recuerda que la normativa española es "bastante rigurosa" en materia de retorno de menores y que "existen una serie de instrumentos normativos garantistas de los derechos de la infancia que prevalecen por encima de este acuerdo". Antes de cualquier retorno, dice, hay que evaluar las condiciones familiares y sociales, que pueden ser "muy diferentes" en cada caso, y tener en cuenta que muchos provienen de "entornos familiares completamente desestructurados en los que la pobreza y la vulnerabilidad están atravesando sus vidas".

Ceuta desbordada y la "fórmula de solidaridad" como única salida inmediata

Ceuta afronta una crisis de acogida sin precedentes. La capacidad ordinaria de sus recursos de protección es de 29 plazas, frente a los 2.168 menores que Interior ha identificado y los que aún permanecen sin identificar. La ciudad ha declarado la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que se activa cuando la ocupación supera en tres veces la capacidad del sistema.

Ante esta situación, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha reconocido que "hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle" y que hay que solventarlo "de forma urgente". La ciudad puede acogerse a la denominada "fórmula de solidaridad equitativa", un mecanismo que obliga a distribuir a los menores entre las comunidades cuando un territorio rebasa su capacidad, aunque varias comunidades gobernadas por PP y Vox se oponen y piden la devolución de "todos" los migrantes.

Para Mauricio Valiente, lo más urgente ahora es "llevar a cabo una acogida en condiciones de dignidad", porque la situación "no se va a poder resolver de la noche a la mañana". El responsable de CEAR critica que la respuesta institucional debería haberse activado antes, y advierte de que "hacer una actuación ilegal a sabiendas o una resolución injusta sería un delito". Assiego, por su parte, lamenta que "hay una batalla política que dificulta cualquier comprensión de la magnitud de la crisis" y que "el acuerdo, por sí solo, no resuelve el problema".