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El Gobierno prorroga Almaraz por la vía rápida y en pleno agosto: el 'sí' exprés que evita el ruido político

El Gobierno ha dado luz verde a la prórroga de la central nuclear de Almaraz por la vía rápida, sin agotar los plazos disponibles y con una publicación en el BOE en un viernes de mitad de agosto, cuando la actividad política está a medio gas. La decisión, que pospone el cierre hasta junio de 2030, llega tras años de mensajes oficiales en contra de ampliar la vida del parque nuclear y con el Ejecutivo intentando hacer el menor ruido posible ante una medida que incomoda a parte de su electorado y a los movimientos ecologistas.

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Fotografía que ilustra la noticia: El Gobierno prorroga Almaraz por la vía rápida y en pleno agosto: el 'sí' exprés que evita el ruido político
(El Periódico)

Un expediente resuelto en menos de un mes

El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen, tenía de plazo hasta la segunda mitad de septiembre para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy —propietarias de la planta cacereña— de ampliar su vida útil. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió su informe favorable a mediados de julio, y en menos de un mes la orden ministerial ya estaba publicada en el BOE y en vigor.

La celeridad fue posible porque las eléctricas renunciaron a presentar alegaciones. El mismo 16 de julio en que el CSN aprobó y envió su informe, el departamento de Aagesen reactivó el expediente y lo trasladó a las propietarias, que confirmaron su intención de no presentar objeciones. Una semana después, el 22 de julio, el CSN notificó una errata en su comunicación; al día siguiente, las eléctricas reconfirmaron que no tenían observaciones adicionales una vez subsanado el error. Tres semanas después, la orden ya estaba firmada.

Desde Transición Ecológica se insiste en que no se buscó una fecha ad hoc y que la decisión se aprobó una vez recibidos y analizados todos los informes técnicos. Sin embargo, la elección de un viernes de mitad de agosto resulta, según la información publicada, una opción oportuna para desvelar una decisión que el Gobierno prefería no publicitar, dado su escaso encaje con el acuerdo que dio luz al gobierno de coalición de PSOE y Sumar y la dura contestación esperada de los movimientos ecologistas, de cuyas filas procede parte del equipo técnico del propio ministerio.

Las tres líneas rojas y la renuncia fiscal de las eléctricas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido que prolongar la vida de las nucleares no era imprescindible, pero accedía a estudiarlo si lo pedían las compañías y si la solicitud respetaba tres condiciones previas. La primera, garantizar la seguridad de las centrales, quedó acreditada por el informe del CSN. La segunda, asegurar el suministro eléctrico: Red Eléctrica considera que más años de Almaraz pueden aportar estabilidad al sistema. La tercera, que no implicara más costes para los contribuyentes ni subidas del recibo de la luz.

Sobre este último punto, las eléctricas renunciaron a exigir rebajas fiscales para allanar el 'sí' gubernamental. El Ejecutivo, por su parte, reconoce ahora que la ampliación de Almaraz puede servir para evitar picos de precios de la electricidad en un contexto de volatilidad por la guerra en Oriente Medio.

Transición Ecológica subraya que la prórroga es "limitada" —de entre un año y medio y dos años y medio para cada uno de los dos reactores—, "coyuntural" por la incertidumbre energética derivada de la crisis de Oriente Medio, y "acotada" a Almaraz. El objetivo declarado es mantener el resto de fechas de cierre previstas y no mover más allá de 2035 la última de las clausuras programadas.

El 'efecto dominó' que el Ejecutivo niega y las eléctricas persiguen

La intención de las grandes eléctricas, singularmente Iberdrola y Endesa, con matices en Naturgy y EDP, es pedir la prolongación de la vida de todas las centrales nucleares en los próximos años, y que las renovaciones de licencia no sean tan limitadas como la de Almaraz, sino con una duración de diez años.

Desde el sector eléctrico se defiende que el aplazamiento de la clausura de Almaraz debe desatar un 'efecto dominó' en todo el parque nuclear que obligaría a reordenar los cierres para no solapar los trabajos de desmantelamiento. Un escenario que el entorno gubernamental niega, a pesar de que está previsto para 2030 el cierre de cuatro reactores: Almaraz I y II, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

La sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos, replica que la coincidencia temporal del cese de operación de varios reactores no supone un obstáculo insalvable. "Enresa y el conjunto del sector cuentan con cuatro años para seguir preparándose para las tareas a llevar a cabo en el año 2030. Los procesos de cierre y desmantelamiento son procesos largos (de 10 a 15 años) y siempre iban a coincidir parcialmente en el tiempo", se alega desde la empresa pública.