La Federación de Periodistas Europeos urge al Gobierno a limitar ya la publicidad institucional

Un aviso sobre la financiación pública y el pluralismo

La Federación Europea de Periodistas ha instado al Ejecutivo a actuar sin demora sobre la publicidad institucional, un instrumento que los medios españoles reciben cada año a través de campañas de los distintos ministerios y organismos públicos. La organización considera que, tal y como se viene aplicando, esta fórmula de financiación pública puede terminar condicionando la línea editorial de los medios que la reciben, especialmente en un contexto de fuerte polarización política.

Aunque la petición llega en pleno debate sobre la independencia de los medios, su argumento central no es nuevo: los periodistas europeos llevan años denunciando que la publicidad de las administraciones se reparte, en muchas ocasiones, en función de la afinidad de cada cabecera con el partido que gobierna. La EFJ recuerda que esa práctica no solo distorsiona la competencia entre medios, sino que amenaza el pluralismo informativo que sustenta el espacio público europeo.

La sombra de la polarización y sus consecuencias económicas

La EFJ va más allá de la advertencia clásica sobre la dependencia financiera de los medios. En su comunicado, la federación vincula la actual situación de crispación política con una deriva más profunda, que describe como "fascismo que arremete". La expresión, atribuida a María José Landaburu, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, subraya la gravedad con la que la organización observa el clima de confrontación que se vive en España y en otros países europeos.

Para la federación, la publicidad institucional no es un mero asunto técnico o presupuestario, sino una herramienta que, mal gestionada, puede agravar esa deriva al premiar o castigar a los medios según su orientación política. La petición se produce en un momento en que numerosos medios españoles dependen, en mayor o menor medida, de los ingresos publicitarios procedentes de las administraciones, lo que añade una dimensión económica directa a la reclamación.

Una reclamación con recorrido en Bruselas

La EFJ, en su escrito, no entra a concretar qué porcentaje de la publicidad institucional debería reducirse ni qué criterios deberían regir el reparto. Pero su reclamación coincide con la de numerosas asociaciones de prensa, que llevan años pidiendo que la contratación pública de espacios publicitarios se base en criterios objetivos de audiencia y difusión, y no en la sintonía política. La federación considera que, sin esa limitación, el riesgo de que los medios se conviertan en altavoces del poder es demasiado alto.