El primer decreto de vivienda del Gobierno amplía la protección ante desahucios hasta 2030, prohíbe a los fondos buitre comprar hasta 2028 y regula el alquiler de temporada

Medidas del primer decreto publicado en el BOE

El primer decreto de vivienda, tal y como recoge elDiario.es, incluye un paquete de medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos. La protección frente a los desahucios se amplía hasta 2030, lo que blinda a los hogares vulnerables frente a la pérdida de su vivienda habitual. Este es uno de los ejes centrales de la norma, aprobada en un contexto de fuerte tensión social tras el desahucio de Maricarmen.

Otra de las medidas destacadas es la regulación del alquiler de temporada y de las habitaciones, dos segmentos que hasta ahora quedaban al margen de la regulación ordinaria y que se habían convertido en una vía para esquivar los topes de precios. Con esta regulación, el Gobierno busca evitar prácticas especulativas que encarecen el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades.

El decreto también prohíbe la compra de viviendas por parte de los fondos buitre hasta 2028. Se trata de una respuesta directa a la concentración de vivienda en manos de grandes tenedores, un fenómeno señalado por los colectivos sociales como una de las causas del encarecimiento del alquiler. La prohibición estará vigente durante los próximos dos años.

Además, se contempla la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Esta medida otorga seguridad jurídica a los inquilinos que, de otro modo, podrían verse abocados a renegociar sus contratos en un mercado al alza. El decreto ha sido publicado en el BOE, lo que supone su entrada en vigor oficial.

Un segundo decreto pendiente de publicación

El primer decreto no es la única medida que el Gobierno ha activado en materia de vivienda. Según la información publicada por elDiario.es, existe un segundo decreto que recoge la renovación automática de los alquileres, pero que aún no se ha publicado en el BOE. Esta segunda norma podría complementar al primer decreto, garantizando que los contratos que lleguen a su fin puedan prorrogarse de forma automática, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos frente a posibles subidas abusivas.

La publicación escalonada de ambos decretos sugiere que el Gobierno ha priorizado las medidas más urgentes, como la protección frente a desahucios, mientras que la renovación automática se tramita por una vía separada. A falta de conocer el contenido íntegro del segundo decreto, los expertos apuntan a que podría reforzar la posición de los inquilinos en un mercado marcado por la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios.

El contexto social en el que se aprueban estas medidas es especialmente sensible. El desahucio de Maricarmen, que da nombre al proceso, ha sido un punto de inflexión en el debate público sobre la vivienda y ha puesto en evidencia la necesidad de blindar a los colectivos más vulnerables frente a la pérdida de su hogar. La respuesta del Gobierno se materializa ahora en un paquete normativo que, hasta la fecha, es el más ambicioso en materia de protección residencial.

Qué implica la ampliación de la protección y el freno a los fondos buitre

La ampliación de la protección frente a los desahucios hasta 2030 supone un cambio significativo en el panorama del alquiler. Esta medida, incluida en el primer decreto, busca evitar que los hogares vulnerables pierdan su vivienda habitual ante la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca. Es una respuesta directa a situaciones como la de Maricarmen, cuyo desahucio ha impulsado la acción del Gobierno.

La prohibición de la compra de viviendas por parte de los fondos buitre hasta 2028 ataca directamente la concentración de vivienda en manos de grandes tenedores. Esta práctica ha sido denunciada en los últimos años por colectivos sociales y sindicatos como una de las causas del encarecimiento del alquiler, especialmente en las grandes ciudades. La medida estará vigente durante dos años, lo que da un margen para frenar la especulación.

La regulación del alquiler de temporada y de las habitaciones cierra otra vía de escapes a los topes de precios. Con esta norma, el Gobierno pretende que las nuevas fórmulas de alquiler, que proliferaron en el mercado, se sometan a la regulación ordinaria. El decreto publicado en el BOE es, por tanto, una herramienta clave para proteger a los inquilinos, aunque el segundo decreto, con la renovación automática, sigue pendiente y podría ampliar aún más esa protección.