La 'desregulación' de Vox en los gobiernos autonómicos anticipa su programa si entra en el Ejecutivo: menos subvenciones a sindicatos y ONG y 'prioridad nacional' en las ayudas

De la campaña a los gobiernos autonómicos

El discurso de Vox contra la 'maraña burocrática' ha pasado de ser un eslogan electoral a convertirse en política de gobierno en varias regiones donde el partido comparte ejecutivo con el PP. En Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, la formación ha asumido vicepresidencias y consejerías con la palabra 'desregulación' en su denominación, un título inédito hasta ahora y que, en la práctica, implica revisar el ordenamiento autonómico, eliminar normas consideradas 'ideológicas o superfluas' y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos.

Los acuerdos de coalición suscritos con los populares incluyen mecanismos como la ventanilla única o un 'buzón de desregulación' para que los ciudadanos señalen aquellas normas que consideren 'innecesarias, redundantes o desproporcionadas'. Sin embargo, los mismos pactos identifican como objetivos de revisión políticas tan concretas como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad, lo que da pistas sobre el alcance real de la operación.

Menos subvenciones para sindicatos y ONG, la vía para debilitar el diálogo social

Uno de los ejes de los pactos autonómicos entre PP y Vox es la reducción de las subvenciones destinadas 'a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública'. En la Región de Murcia, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana ya ha avanzado en nuevos recortes a estas partidas.

Guillermo Fernández advierte del riesgo que esto supone para el modelo de diálogo social: 'Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos', lo que podría tener 'posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva'. La revisión del gasto también alcanza a las ONG: los acuerdos autonómicos establecen la supresión 'total' de subvenciones a aquellas entidades que participen en la 'promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal', con el argumento de que 'ni un solo euro público' debe ir a estructuras que incentiven el 'efecto llamada'.

El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2027 ya recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de la comunidad a la cooperación al desarrollo, una partida que afecta directamente a proyectos de ayuda internacional gestionados por ONG.

La 'prioridad nacional' como criterio para acceder a prestaciones y vivienda

El gran triunfo ideológico de Vox en sus pactos con el PP ha sido imponer la 'prioridad nacional' como criterio para el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Los acuerdos autonómicos condicionan estas prestaciones a requisitos de arraigo 'real, duradero, estable y verificable', que en la práctica se traducen en tiempos mínimos de empadronamiento históricos.

En la Comunitat Valenciana, PP y Vox aprobaron en los presupuestos de 2026 endurecer los requisitos de empadronamiento para acceder a la Renta Valencia de Inclusión: se exigen 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30. Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos de ambos partidos, incluir la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda pública, vinculando la concesión de vivienda protegida a la acreditación de un arraigo de diez años en el territorio.

En Castilla y León, el Ayuntamiento de Ponferrada aplicará este criterio a los 80 pisos sociales proyectados para jóvenes: se excluirá a quienes no certifiquen al menos 10 años de empadronamiento en España, un requisito que excede el máximo de cinco años que establece la normativa europea. 'Una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos', advierte Lumbierres, que ve en estos criterios 'una mayor inseguridad jurídica'.

Un 'copia y pega' del modelo Milei que erosiona el estado del bienestar

Los expertos sitúan la estrategia de Vox en un contexto internacional en el que la ultraderecha ha hecho de la reducción del gasto público y la revisión de la regulación una de sus principales banderas. El Gobierno de Javier Milei en Argentina, con su 'motosierra' y un Ministerio de Desregulación, o el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk en Estados Unidos son los referentes más evidentes.

En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya afirmó que iba a 'meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación', mientras sus homólogos en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación entre sus prioridades. 'Es una apuesta claramente política neoliberal externa, es un copia y pega del modelo argentino', sostiene Lumbierres, que añade: 'Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario'.

Fernández califica estas políticas de 'contrarreforma' que 'reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político'. Y lanza una pregunta: '¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno?'. Mientras tanto, los acuerdos autonómicos ya han suprimido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas LGTBIQ+ o a la Agenda 2030, sustituyéndolas por el endurecimiento de las políticas migratorias, la promoción de la tauromaquia y la caza, o la revisión de normativas ambientales y de igualdad.