La documentación del rescate a Plus Ultra muestra un procedimiento reglado con la SEPI y relega la vía Zapatero a una gestión ajena al expediente

Un expediente de meses con requerimientos de la SEPI y respuestas de la aerolínea

La documentación aportada por Roselli al instructor incluye cerca de un centenar de correos electrónicos anteriores a la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. La interlocución principal por parte de la SEPI recayó en José Ángel Partearroyo, entonces director de Participadas de la sociedad estatal, que ha sido citado a declarar el próximo 19 de noviembre. Partearroyo fue quien dirigió la preparación de la documentación que la aerolínea debía presentar para su análisis en el órgano decisor del fondo de apoyo a empresas estratégicas.

Los mensajes, que arrancan en noviembre de 2020 —seis meses después de la llamada que, según el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, mantuvo con Zapatero el 30 de abril de ese año—, describen un proceso en el que la SEPI requiere datos, aclaraciones y concreciones y la compañía responde punto por punto. Entre las peticiones figura la relación de "la lista de acreedores con los que Plus Ultra tiene deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal".

Ese requerimiento adquiere especial relevancia porque la investigación judicial trata de determinar si parte del dinero público pudo utilizarse para el blanqueo de capitales de una presunta organización criminal. Los créditos puente que la aerolínea tenía que devolver aparecen como el presunto vehículo de esa operativa, y en la lista de acreedores facilitada por Roselli figuran las sociedades del prestamista neerlandés Simon Verhoeven.

El papel de Zapatero queda fuera del expediente documental que se investiga

La distinción que introduce la documentación es clara: si la posible gestión de Zapatero con Martínez Sola se produjo en abril de 2020, los correos electrónicos que describen la tramitación del rescate comienzan meses después y se ciñen al procedimiento administrativo. La vía que se atribuye al expresidente, de existir, habría sido paralela y ajena al flujo documental que ahora examina el juez.

La investigación mantiene abiertas dos incógnitas principales: qué gestiones concretas pudo realizar Zapatero y con quién, y cuánto pudo cobrar por ello. La hipótesis alternativa es que el expresidente se limitara a ofrecerse para ayudar en esa llamada con Martínez Sola y que después su nombre fuera utilizado por su socio para cobrar sin que llegara a ejecutarse gestión alguna. La documentación entregada por Roselli no arroja luz directa sobre ese extremo, pero sí permite constatar que el proceso formal del rescate discurrió por los cauces ordinarios de la SEPI.

El Gobierno defiende el marco reglado y la ausencia de discrecionalidad en la concesión

El Ejecutivo ha reiterado su defensa de las garantías del rescate a Plus Ultra desde que estalló el caso. En sus explicaciones, la aerolínea formaba parte de "un sector estratégico" y "cumplía con los requisitos en una empresa de este sector". El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas concedió préstamos por un total de 890 millones de euros a seis compañías aéreas: Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines.

"La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación", sostiene el Gobierno, que insiste en que "la normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos". La documentación interna incluida en el expediente judicial, con las sucesivas solicitudes de información desde la SEPI y los informes de la propia compañía, abunda en esa versión de un procedimiento administrativo convencional.

Los correos se extienden incluso a fechas posteriores al rescate: la SEPI y Plus Ultra siguieron intercambiando mensajes sobre aclaraciones en la entrega de documentación o sobre la necesidad de que la sociedad estatal designara un observador que asistiera a las reuniones del consejo de la compañía. Esa supervisión posterior forma parte del diseño del fondo de rescate, que condiciona la ayuda a la vigilancia pública de la gestión de la empresa rescatada.