La energía, eje del 29N: un decálogo busca el consenso que el tacticismo político ha bloqueado

Un diagnóstico compartido: seguridad de suministro y precios

El punto de partida del decálogo es un reconocimiento unánime: garantizar la independencia energética de España y la seguridad de suministro. Las crisis geopolíticas han demostrado que la dependencia exterior introduce volatilidad en los precios y altera la vida social y económica. Para la Fundación Renovables, la energía no es una mercancía más, sino un bien de primera necesidad y el motor de la economía.

En este contexto, el texto plantea que la apuesta por las renovables debe ir acompañada de un compromiso firme: liberar la tarifa eléctrica de los cargos que la encarecen. Esos cargos no solo restan competitividad a la economía, sino que han convertido la pobreza energética en un problema estructural. La propuesta exige una tarifa comprensible, donde el precio final se corresponda con los costes que lo originan.

Fiscalidad y electrificación: menos carga recaudatoria, más incentivo

El segundo bloque de propuestas incide en la carga impositiva. La Fundación Renovables sostiene que la fiscalidad debe servir para adecuar los hábitos de consumo y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, no como un mero instrumento recaudatorio. Para ello, propone disminuir los impuestos que gravan la transición energética, especialmente los que afectan a la electrificación.

Ferrando señala que España cuenta con recursos renovables y superficie aprovechable de forma diferencial, sin generar conflictos sociales. El aprovechamiento eficiente de esos recursos sería la puerta a una energía final barata, sostenible y de acceso universal. Pero ese potencial, advierte, solo se desarrollará plenamente si se acompaña de las infraestructuras necesarias.

La modernización de las redes eléctricas y de las interconexiones europeas se presenta como la llave para el crecimiento. El autor recuerda que la Comisión Europea no ha sido diligente en exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Barcelona, que deberían haber evitado que España siguiera siendo una isla energética.

Más allá de la electricidad: movilidad, industria y territorio

El decálogo extiende la transformación a la movilidad y el transporte. La industria del automóvil y la transformación del transporte terrestre y ferroviario exigen una posición firme para mantener la capacidad industrial. Se trata de avanzar hacia modelos descarbonizados sin perder la vertebración territorial.

La reindustrialización de la cadena de valor aparece vinculada a la transición energética. El autor sostiene que España tiene mercado, precios de la energía más reducidos y capacidad industrial para generar acuerdos de desarrollo. El objetivo es que la apuesta energética tenga correspondencia con la generación de valor económico: construir aquí lo que ahora se importa.

La España rural debe convertirse en el granero de oportunidades, asumiendo que la generación de valor y la aceptación social deben ir de la mano. Mientras tanto, en las ciudades, donde vive el 80 % de la población, la regeneración urbana y la rehabilitación de edificios son piezas clave. El desarrollo urbano pasa por recuperar los barrios como unidad cultural, con criterios de calidad y cercanía a los servicios.

El último punto del decálogo aborda el turismo, que representa más del 15 % del PIB. La presión territorial derivada del crecimiento constante de viajeros está convirtiendo la capacidad de generar riqueza en una disfunción. La propuesta pasa por limitar las prácticas no deseadas y favorecer un turismo integrado con la vida de los territorios.

El 29N como punto de inflexión: consenso frente a tacticismo

El texto concluye con una reflexión sobre el proceso político. El desarrollo social y económico no depende solo de lo acertado de las políticas, sino de que nazcan del diálogo y del consenso. Solo así los agentes sociales y económicos tendrán certeza de que las decisiones responden a un pacto político de largo plazo.

Ferrando recuerda que en las elecciones del 29 de noviembre el futuro depende de alcanzar consensos que garanticen la continuidad de las medidas. El Gobierno que salga de las urnas no solo debería contar con reconocimiento democrático, sino también garantizar la estabilidad política en materia de transición energética, una estabilidad de la que España no ha disfrutado hasta ahora.