La investigación del caso Leire Díez desbarata la tesis de la Fiscalía y apunta a una red de presión vinculada al PP
La instrucción del caso Leire Díez, abierto por una supuesta trama para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE, acumula indicios que apuntan en dirección contraria: facturas pagadas por un medio afín al PP, grabaciones que implican a un exministro del Interior y un expediente de nacionalidad que vinculan a altos cargos policiales con el partido conservador.
La factura de 242.000 euros que cuestiona la acusación contra la abogada de Koldo García
La investigación ha revelado que quien pagó los 242.000 euros de la defensa de Koldo García fue el medio digital Okdiario, afín al PP, y no el PSOE como sostenían los investigadores. La abogada Leticia de la Hoz, imputada por organización criminal, recibió un primer pago de 150.000 euros más IVA un día después de publicar una entrevista en la que Koldo cargaba contra el Gobierno y contra la mujer del presidente, informa eldiario.es.
El propio Koldo García declaró ante el tribunal que le ofrecieron salir ileso de la causa si "se metía" con el Gobierno, y que dos medios de comunicación se reunieron con él para que mintiera. Ese testimonio fue cortado por el presidente del tribunal al considerarlo ajeno al procedimiento, pero la factura y los ingresos bancarios han desbaratado la tesis principal de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
Grabaciones que implican a un exministro del PP en la filtración de noticias falsas
La documentación incautada incluye grabaciones de Leire Díez con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en las que este confiesa que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz filtró a El Mundo una noticia falsa sobre una cuenta suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trías. Martínez afirma que "todo era falso" y que Fernández Díaz era el "filtrador número uno", según recoge eldiario.es.
Las grabaciones, sobre las que la Fiscalía ha preguntado a un abogado contratado por el PSOE, sugieren que la filtración formaba parte de una operación de presión contra dirigentes independentistas, una práctica que la tesis oficial atribuía a la trama vinculada al PSOE.
El expediente de nacionalidad de un exministro venezolano y el interés de la directora general de Seguridad Jurídica
El exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, procesado por blanqueo, fue imputado en el caso Leire Díez por el juez Santiago Pedraz a petición de la UCO. La Guardia Civil sospecha que adquirió la nacionalidad española en 2024 mediante un falso certificado de nacimiento de su abuela, pero el informe omitía que fue la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, quien ordenó denegar la solicitud tras comprobar sus antecedentes.
Villalobos había declarado en el Congreso que altos mandos policiales le prometieron la nacionalidad a cambio de información contra Podemos y los independentistas catalanes, pero no cumplió y nunca la obtuvo durante el Gobierno del PP. La Guardia Civil ha interrogado a funcionarios del Ministerio de Justicia, que confirmaron el interés de Puente, aunque los medios conservadores la implicaron en el caso Leire sin mencionar su papel decisivo en la denegación.
El intento de extorsión a la jueza Biedma se desinfla: la testigo no vincula a Leire Díez
La jueza Beatriz Biedma ha pedido investigar un supuesto intento de extorsión contra ella por parte de la trama de Leire Díez, pero las declaraciones de la testigo Cintia Rocho, viuda de un narcotraficante, no respaldan esa hipótesis. Rocho contactó con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, que habló de "eliminar" a Biedma y de que "a palos aprende el burro", pero la Guardia Civil subraya que nunca mencionó a Leire Díez ni vinculó los supuestos encargos con el caso contra David Sánchez.
Sáenz de Tejada, imputado, negó haber contactado con Rocho y achacó su animadversión hacia Biedma a una decisión judicial antigua. La jueza llegó a denunciarle por acoso, pero él aseguró que estaba a 400 kilómetros de distancia cuando ocurrieron los hechos. Las contradicciones debilitan la versión de que la trama pretendía atentar contra la instructora, una acusación que el PP ha convertido en bandera política.
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