La jueza del accidente de Urda blinda la causa y acelera la retirada de vagones para hallar restos

Las primeras decisiones de la jueza: blindaje de la prueba y secreto de sumario

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz asumió la investigación del siniestro por estar de guardia esa mañana y, en las primeras horas, adoptó medidas encaminadas a salvaguardar las pruebas. Por providencia, prohibió el acceso a la zona del siniestro a toda persona ajena a la instrucción, impidiendo que nadie se acerque a menos de dos kilómetros de la vía. Solo las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanidad y el personal judicial pueden permanecer en la zona con autorización judicial.

En esa misma resolución, la jueza prohibió la retirada de cualquier elemento y la toma y difusión de imágenes de la zona afectada, con el objetivo de preservar las evidencias. Además, acordó la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados para su posterior análisis, y ordenó a agentes de la Policía Judicial, que deben responder solo ante ella y no ante sus superiores jerárquicos, que se personaran en el centro de control de Adif en Atocha para obtener información sobre la causa del siniestro.

La magistrada también decretó el secreto de sumario de las actuaciones para evitar filtraciones de datos sensibles en los primeros días, según recoge la información de elDiario.es. Esta medida, junto con la prohibición expresa de divulgar información o imágenes de las víctimas o sus familias para evitar situaciones de revictimización, marca un contraste con lo ocurrido en el accidente de Adamuz, donde operarios de Adif llegaron a mover material que era objeto de investigación sin autorización de la jueza, según señaló la UCO.

"La lectura de todas estas diligencias es clara: la jueza dio un golpe en la mesa y dejó claro que ella era la que iba a tomar todas las decisiones y a marcar los tiempos, por encima de cualquier interés práctico que pudiera llegar a tener Adif para reparar o restablecer el tramo afectado", explican los periodistas Javier Lillo, en la información publicada por elDiario.es.

La retirada de vagones, clave para localizar restos y dar con la causa

Este mismo domingo se conoció que la jueza ha requerido de forma urgente a Adif y a Renfe que dispongan de los operarios de grúa necesarios para que, por turnos, puedan continuar con las labores de retirada de vagones de la zona del accidente y así localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar. La prioridad absoluta sigue siendo la identificación de los cadáveres, según ha trascendido de fuentes conocedoras del caso.

A 2 de noviembre, el Centro Integrado de Datos informó de que, gracias a las labores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, se había logrado poner a disposición de los familiares a 47 fallecidos. El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas y, en la noche del 1 al 2 de noviembre, se informó de que se habían identificado ya 66. Más de 60 profesionales han participado o participan aún en Toledo en las labores de autopsias, entre ellos una veintena de médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres.

En paralelo, la instrucción tendrá que resolver sobre las personaciones de acusaciones populares, la unificación de querellas y denuncias a la causa principal, y las diligencias que desde partidos como Vox ya han solicitado y dejado por escrito. El Tribunal Supremo deberá decidir si acepta o no una querella de los de Santiago Abascal que piden imputar al ministro Óscar Puente por homicidio imprudente.

La investigación judicial correrá en paralelo a la que realiza la AITAT, que ya ha hecho públicos dos informes, el segundo el pasado 1 de noviembre, ampliación del primero. Expertos consultados por elDiario.es coinciden en que el análisis técnico de lo ocurrido, en el que el papel de la AITAT será determinante, tendrá un peso central en la causa, más allá de los peritos de parte a los que con toda seguridad acabará recurriendo Adif.

Los interrogatorios y las lecciones de Adamuz y Angrois

Hasta ahora, según fuentes conocedoras del caso, se ha intentado sin éxito tomar declaración en hasta dos ocasiones al operario que, según las grabaciones filtradas, dio la orden de que el AVE siguiera con "marcha normal". Fuentes señalan que incluso se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. La jueza tendrá que valorar cuándo comienza a tomar declaración a las diferentes personas de interés, desde operarios de Adif hasta testigos, víctimas o cargos políticos.

Expertos consultados por elDiario.es ponen el foco en que, si bien en los tres casos se investigan accidentes ferroviarios con un gran número de víctimas mortales ( en Córdoba fallecieron 46 personas y en Angrois, 80 ), los sucesos son completamente distintos en atención a las posibles causas. En lo que sí coincidirán las investigaciones de Adamuz y de Urda es en que se personarán en la causa asociaciones ultras, seudosindicatos y partidos que harán que la instrucción no solo pierda agilidad, sino que tenga una gran carga política, con el ruido innecesario que conlleva.

La experiencia de Angrois es un recordatorio de hasta dónde puede alargarse un proceso de estas características. El siniestro ferroviario tuvo lugar en julio de 2013 y hasta 2024, once años después, no contó con una sentencia. El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó entonces a dos años y medio de prisión al maquinista, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento del tren Alvia. La jueza Elena Fernández Currás consideró probado que ambos eran responsables de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. En enero de 2026, la Audiencia Provincial absolvió a Cortabitarte y confirmó la condena del maquinista, pero Garzón recibió en septiembre informe favorable para su indulto.