La promesa de 183.000 viviendas públicas se queda en 47.000: el balance de la legislatura agrava el déficit
El Gobierno de Pedro Sánchez cierra la legislatura con 47.000 viviendas públicas entregadas, frente a las 183.000 prometidas en abril de 2024, cuando el presidente aseguró que sería 'la legislatura de la vivienda'. El parque público español sigue siendo del 1,5%, frente al 7,1% de media de la OCDE, mientras el déficit de vivienda alcanza las 750.000 unidades y crece a un ritmo de 250.000 anuales.
Una promesa incumplida en cifras
El balance de la legislatura, recogido por eldiario.es, confirma que la promesa de Sánchez de movilizar 183.000 viviendas públicas se ha quedado en 47.000 entregadas, a falta de un semestre para completar los cuatro años. La cifra supera a las 45.000 de la legislatura anterior y a las 18.000 de la última de Mariano Rajoy, pero resulta insuficiente para un déficit que el Banco de España cifra en 750.000 viviendas, con un crecimiento anual de 250.000.
El dato refleja que, pese al esfuerzo presupuestario –el Plan Estatal de Vivienda suma 7.000 millones adicionales hasta 2030 y su gasto se ha triplicado–, el porcentaje del gasto público destinado a vivienda sigue siendo del 0,9%, el doble que antes de la pandemia pero muy lejos de las necesidades. Además, una parte de esos presupuestos no se ejecuta, según advierten los expertos consultados por el medio.
La comparativa con otros países europeos evidencia la brecha: mientras la media de la OCDE es del 7,1%, España tiene un 1,5% de vivienda pública, frente al 16,4% de Reino Unido o el 14% de Francia. Alemania (2,6%) y Portugal (1,1%) también están por debajo de la media, pero el caso español es especialmente acusado en un contexto de crisis de acceso.
El economista experto en vivienda Pablo Tucat, de KSNET, señala que la movilización de suelo y la construcción de obra pública "es una medida lenta", pero advierte que hay "otras formas" de movilizar vivienda pública, como la compra de vivienda usada, que el Gobierno apenas ha utilizado.
Casa 47: expectativas frente a realidades
El nuevo operador público Casa 47, creado en diciembre de 2025 para ampliar el parque estatal, tiene un potencial de hasta 110.000 viviendas, pero solo oferta actualmente 600. De ese potencial, 40.000 corresponden a pisos de la Sareb, muchos de ellos ocupados; 55.000 serán nuevas construcciones en suelo de la Sareb, aún por edificar; y 10.000 provienen de la Operación Campamento de Madrid, con entregas previstas para 2028.
La tardanza en la creación del instrumento es señalada por Tucat, quien se pregunta "por qué Casa 47 no surge antes", aunque lo considera "un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial". La única oferta pública de compra de vivienda usada lanzada hasta la fecha asciende a 100 millones de euros, lo que, con precios de mercado de zona tensionada a unos 250.000 euros por vivienda, permitiría adquirir solo unos 400 pisos.
En contraste, Catalunya ha utilizado el derecho de tanteo y retracto para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que dispone la Agència Catalana d'Habitatge. Esta fórmula apenas se ha empleado en otras comunidades ni a escala estatal.
El ritmo de construcción de vivienda protegida sigue siendo bajo: 11.270 viviendas finalizadas en junio de 2026 duplican las del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 anuales, pero muy lejos de las entre 40.000 y 100.000 que algunos expertos consideran necesarias para cubrir el déficit. En 1997 se terminaron 85.000 viviendas protegidas, casi un tercio del total; en 2025 fueron 12.858, el 13% de las 92.000 construidas.
El lastre de la descalificación y el reparto autonómico
Uno de los principales enemigos del parque público es el vencimiento de las protecciones. Según la investigación de Civio citada por eldiario.es, del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, solo 147.000 estaban protegidas para siempre; casi 400.000 ya han dejado de serlo y la cifra podría elevarse a 700.000 en 2030. El Gobierno ha intentado atajar este problema vinculando la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la protección sea indefinida, una medida que Tucat considera "crucial", y lo ha incluido en el último decreto, aunque las comunidades del PP siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento.
El análisis territorial muestra que las regiones con precios más elevados, como Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, han incrementado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025, un 22% de las 17.000 construidas, mientras que Catalunya hizo 3.517, un 25%, y en 2026 ha acelerado hasta las 5.600 en junio, la mitad del total estatal. Sin embargo, el ritmo global de construcción libre se ha estabilizado entre 70.000 y 80.000 anuales, lejos de las 90.000-100.000 que el Banco de España estima necesarias.
La construcción de vivienda libre también sufre un estancamiento: si en los años del ladrillo se llegaron a construir 700.000 unidades anuales entre pública y privada, ahora la cifra es sensiblemente inferior. Expertos como Ignacio Ezquiaga apuntan que muchas empresas y fondos disponen de suelo "dormido" que no activan, no solo por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta. La falta de mano de obra y la dificultad para movilizar suelo finalista son otras claves del frenazo en la construcción.
Las comunidades del PP han rechazado acogerse a las zonas tensionadas que permiten topar los precios del alquiler, lo que ha disparado los precios en las principales ciudades. Allí donde sí se aplican los topes, Tucat alerta de que "existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación", y recuerda que los topes parten de precios ya muy elevados. Pese a ello, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído del 38,5% en 2021 al 26% actual, aunque los nuevos contratos subieron un 8,8% en 2024.
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