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La huelga general por la vivienda: un derecho con precedentes que la patronal cuestiona

La convocatoria de una huelga general por la vivienda, respaldada por CCOO, UGT, CGT, ELA y CIG, ha reabierto el debate sobre los límites del derecho de huelga. Mientras la patronal CEOE y Cepyme cuestionan su legalidad por un supuesto 'componente político', expertos y precedentes judiciales —incluido el Tribunal Constitucional— avalan los paros 'mixtos' que combinan reivindicaciones políticas y laborales. La clave estará en la redacción del escrito de convocatoria y en su vinculación con los intereses profesionales de los trabajadores.

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(elDiario.es)

El anuncio y el respaldo sindical mayoritario

El grito de "¡A la huelga general!" ha pasado de las concentraciones por el derecho a la vivienda a una convocatoria formal. El Sindicato de Inquilinas lo pidió expresamente y ha encontrado el respaldo de CCOO y UGT, además de CGT, ELA en Euskadi y CIG en Galicia. De momento, no hay convocatoria formal ni día asignado, pero el anuncio de las dos centrales mayoritarias ya especifica un paro de 24 horas en todo el país "para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna", incorporando así "el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda".

Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan "mucho tiempo" incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que está aún pendiente. La vivienda, recuerdan, ya ha vuelto a estar presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.

La reacción de la patronal no se ha hecho esperar. Antonio Garamendi, reelegido líder de la CEOE hace unos días, ha insistido en que el paro general por la vivienda tiene un "claro componente político y electoral", especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.

El aval judicial a las huelgas 'mixtas'

Las fuentes empresariales se centran en la crítica a la motivación "política" porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados", recoge su artículo 11. Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una "motivación claramente política", para "defender unas políticas públicas" de las administraciones, en las que "las empresas no pueden hacer nada". Además, subrayan que "tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora", en referencia al contexto electoral.

Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas "mixtas". Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, cita "los niveles y políticas salariales" o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con "los intereses de los trabajadores". La Carta Magna, recuerda, "reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses" en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado "que existe esa vinculación laboral", bajo su criterio "es imposible que prohíban la huelga".

El ejemplo más paradigmático de huelga "mixta" es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Aunque fue denunciada como ilegal por la patronal catalana Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo. El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a "la huelga profesional-política", que tiene componentes de ambos. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar "el carácter ajeno al ámbito laboral" ante la justicia.

El Constitucional y la vivienda como cuestión social

Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, como la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en la que se avaló el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores. Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios, como las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade que "el derecho de huelga es un derecho fundamental", por lo que "no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas", siempre que cumpla "algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva". La jurista subraya que "el Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'", citando la sentencia 11/1981. "Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria", añade. "Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales", sostiene.

Muñoz destaca además que "el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social". Así, la problemática de "la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad" han sido reivindicaciones históricas laborales. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales. Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que "lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga". Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. "En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica", valora.