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Repsol acumuló 366,8 millones en ayudas públicas entre 2022 y 2025, el 67,8% del Ministerio de Transición Ecológica

Las empresas del grupo Repsol han recibido al menos 366,8 millones de euros en ayudas y subvenciones públicas entre enero de 2022 y diciembre de 2025, según una investigación de la publicación catalana Crític. El grueso de esos fondos, 248,8 millones, procede del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en programas de renovables y cogeneración, un flujo que contrasta con los 2.200 millones de beneficio neto que la petrolera declaró en el primer trimestre de 2026, un 265% más que un año antes.

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Fotografía que ilustra la noticia: Repsol acumuló 366,8 millones en ayudas públicas entre 2022 y 2025, el 67,8% del Ministerio de Transición Ecológica
(lamarea.com)

El MITECO, principal fuente de fondos para la petrolera

El vaciado de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, realizado por Crític, contabiliza 241 ayudas concedidas a ocho sociedades del grupo Repsol por parte del Gobierno central, de ejecutivos autonómicos y de ayuntamientos. De ese total, 353 millones provienen del Estado, y de ellos el 67,8% (248,8 millones en 97 concesiones) han sido otorgados por el MITECO, el departamento dirigido en los últimos años por Teresa Ribera primero y por Sara Aagesen después.

El grueso de esas cantidades se canaliza a través del Régimen Retributivo Específico para Energías Renovables (RECORE). Entre 2022 y 2024, las filiales Repsol Petróleo SA y Repsol Química SA (actual Repsol Materiales) recibieron 27 concesiones por valor de 248 millones de euros. Este programa no funciona como una convocatoria de subvenciones al uso, sino que garantiza una retribución adicional a determinadas instalaciones de producción eléctrica para incentivar renovables y cogeneración de alta eficiencia. En la práctica, según el análisis de Crític, suele beneficiar a grandes grupos industriales; el Estado repartió 4.400 millones en este programa en el último ejercicio.

La paradoja señalada por la investigación es que Repsol, pese a sus fuertes intereses en combustibles fósiles, obtiene esta financiación para plantas de cogeneración que en gran parte funcionan con gas natural. Es el caso de sus instalaciones en Tarragona, consideradas las más contaminantes de Cataluña según datos del propio ministerio, y que forman parte de los cinco grandes complejos industriales del grupo en España, junto a Coruña, Bilbao, Puertollano y Cartagena, con una potencia instalada de cogeneración de 660 MW.

Las otras líneas del Ministerio de Industria y el detalle autonómico

Fuera del paraguas del RECORE, el Ministerio de Industria y Turismo, dirigido por Jordi Hereu desde noviembre de 2023, concentra 93,6 millones de euros en ayudas para Repsol. La mayor partida corresponde al mecanismo de compensación de los costes indirectos de las emisiones de CO2, que suma 89,3 millones entre 2022 y 2025. Esta línea, pensada para evitar la “fuga de carbono”, compensa a industrias electrointensivas por el encarecimiento de la electricidad derivado del coste de las emisiones, con el objetivo de que no trasladen su producción a países con normas climáticas más laxas.

El MITECO también aporta otros 15,8 millones en 70 concesiones, de los cuales 10,4 millones corresponden a los programas MOVES Corredores de Recarga, destinados a instalar infraestructura pública de recarga para vehículo eléctrico. El resto se reparte en partidas menores como 2 millones para nuevos modelos de negocio en transición energética, 1,2 millones para renovación de minicentrales hidroeléctricas o 800.000 euros para bombas de calor renovables.

En el ámbito autonómico, la Generalitat de Cataluña, a través del Institut Català d’Energia (ICAEN), ha concedido 2,1 millones en cinco ayudas, de los que 1,9 millones se vinculan al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La Comunidad de Madrid aporta 6,2 millones y Castilla-La Mancha 3 millones, en convocatorias como Efecto Tractor o programas industriales. Entre las partidas singulares, Crític destaca los 690.000 euros recibidos para la promoción gastronómica con la celebración de la Gala Soles Repsol 2023 en Alicante.

Beneficios récord y críticas al uso de dinero público

La compañía ha justificado sus resultados en el contexto geopolítico. Según los datos facilitados por la propia empresa, Repsol obtuvo 2.200 millones de beneficio en el primer trimestre de 2026, un 265% más que en el mismo periodo de 2025, y declaró 6.600 millones en contribuciones fiscales en todo el mundo, de los que el 70% corresponde al Estado español. Adrià Auladell, portavoz de la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (ACTE), vincula ese incremento con el estallido de la guerra de Irán y subraya que “regarla con dinero público para que den un salto renovable es una zanahoria que se ofrece pensando que una empresa así irá contra natura”.

Mònica Guiteras, de Ingeniería Sin Fronteras y la Red por la Soberanía Energética, considera que “hay que cuestionar de una vez por todas el hecho de destinar dinero público para asegurar inversiones privadas de las grandes empresas energéticas que vulneran derechos básicos aquí y en todas partes”. En su opinión, se trata de “falsas soluciones: los vínculos con la esfera financiera como BlackRock y la especulación con los bienes comunes nos alejan diametralmente de la relocalización y de la soberanía energética”. Guiteras recuerda que Repsol amenazó con irse a otro país si no se retiraba el impuesto sobre beneficios extraordinarios a las energéticas.

La investigación recuerda además que Repsol, privatizada en 1989, tiene como principal accionista individual al fondo estadounidense BlackRock con un 6,2%, seguido del Norges Bank noruego con un 5,4%, mientras que el presidente del consejo es Antonio Brufau y el consejero delegado Josu Jon Imaz. Auladell lamenta que el negocio de Repsol sigue siendo el petróleo y que la empresa “consigue tumbar los gravámenes a las energías fósiles, como el de 2025, que contó con los votos en contra del PP, de Vox, del PNV y de Junts”. Tanto él como Guiteras defienden la necesidad de impulsar alternativas de electrificación público-comunitaria y de frenar la influencia de las grandes energéticas en la agenda política.