La Xunta alerta del impacto de la regularización en el empleo aunque solo el 5% de los que optaron está en paro

La cifra que desmonta el argumento del paro

La Xunta de Galicia ha alertado de que la regularización extraordinaria de migrantes, impulsada a nivel estatal, podría tener un impacto negativo sobre el empleo en la comunidad. En una comparecencia pública, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha señalado que esta medida "podría generar tensiones inasumibles" en el mercado laboral gallego y ha reclamado al Gobierno central un estudio previo de sus consecuencias.

No obstante, los datos oficiales relativos al proceso de regularización en Galicia apuntan en una dirección muy distinta. Según la información recopilada de la propia administración autonómica, solo el 5% de las personas que han solicitado acogerse a esta vía de regularización se encuentra actualmente en situación de paro registrado. El 95% restante desarrolla alguna actividad laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, una proporción que contradice los temores expresados desde la Consellería de Política Social.

"Lo que estamos viendo es que las personas que se han regularizado no vienen a competir por los puestos de trabajo existentes, sino que ya están trabajando, en muchos casos en sectores como la agricultura, la hostelería o el servicio doméstico", explica Miguel Pardo, periodista de Praza.gal que ha analizado en profundidad los datos.

Desde Voz Contra insistimos en que estos datos, aunque parciales, son la mejor herramienta para desactivar los discursos que vinculan migración con desempleo. La regularización contribuye, paradójicamente, a aflorar economía sumergida y a garantizar que quienes ya cotizaban en la sombra lo hagan en condiciones de plena legalidad.

El contexto de la regularización y las cifras estatales

El proceso de regularización extraordinaria al que se refiere la Xunta es el que ha puesto en marcha el Ejecutivo central, encuadrado en una nueva instrucción que permite a las personas migrantes que se encontraban en situación irregular regularizar su estancia a través de un contrato de trabajo o de un arraigo social y laboral. Este mecanismo, que ha sido objeto de fuerte debate político a nivel estatal, ha permitido en los últimos meses la formalización de miles de contratos en toda España.

En el caso gallego, el número de personas que ha optado a esta vía es significativamente menor que en otras comunidades autónomas con mayor densidad de población migrante, como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana, pero el debate político ha sido especialmente intenso. La Xunta, gobernada por el PP, ha querido asociar esta medida a una posible merma de oportunidades para los trabajadores gallegos.

La realidad estadística, sin embargo, muestra que —más allá del 5% de parados— la mayoría de las personas regularizadas cotizan a la Seguridad Social, lo que refuerza las arcas públicas en un momento en el que el sistema de pensiones necesita más ingresos que nunca. El proceso regularizador no solo no destruye empleo, sino que puede contribuir a mejorar las cifras de afiliación y a sostener el estado del bienestar.

La postura de la Xunta: cautela o estrategia política

La advertencia de la Xunta no se ha limitado a una simple declaración de intenciones. En su intervención, Fabiola García ha remarcado que "la administración gallega va a estar vigilante" para que la regularización no genere un desajuste en un mercado laboral que, según su criterio, "tiene sus propios ritmos y necesidades".

Desde la patronal gallega se ha secundado parcialmente esta lectura, aunque el sector agrario y el hostelero han salido en defensa del proceso: en palabras de algunos de sus representantes, la regularización permite contar con mano de obra de manera estable, algo que demanda el sector primario, especialmente en las campañas de recogida.

La posición de la Xunta, descrita con detalle en la información publicada por Praza.gal y recogida por Infolibre, podría interpretarse como una estrategia política para marcar distancias con el Gobierno central en una materia sensible como es la inmigración. Esta línea choca con el hecho contrastable de que la gran mayoría de los regularizados en Galicia ya tenía empleo o lo ha encontrado en un plazo muy breve, lo que demuestra que la integración laboral de estas personas no es un problema real sino una herramienta de cohesión económica.

"No compartimos la alarmista lectura de la Xunta. La regularización es una medida que, bien aplicada, beneficia a los trabajadores migrantes, a las empresas y al conjunto de la sociedad", sostiene el análisis de Voz Contra, apoyado en los datos mencionados.