La Xunta impulsa 24 residencias de mayores con 700 plazas que cederá a la explotación privada

Un plan residencial que abre la puerta a la gestión privada

La Xunta de Galicia ha impulsado la construcción de 24 residencias de mayores, un proyecto que contempla ceder 700 plazas para su explotación privada. Así lo ha desvelado una información publicada por Praza.gal, que subraya el alcance de una decisión que afecta a uno de los colectivos más vulnerables: las personas mayores dependientes.

El plan, que se enmarca en la política de atención a la dependencia del gobierno gallego, ha despertado las críticas de sindicatos y colectivos sociales, que denuncian que la cesión de plazas a empresas privadas puede traducirse en un encarecimiento de los servicios y en un retroceso en la calidad asistencial.

Desde Praza.gal, el periodista David Reinero ha recordado en anteriores publicaciones que Galicia arrastra una larga lista de espera en la atención a mayores, y que la apuesta por la gestión privada no siempre ha redundado en una mejora de las condiciones laborales de las plantillas ni en un mejor servicio para los usuarios.

El aviso de los sindicatos: precariedad y beneficio empresarial

Las organizaciones sindicales llevan tiempo alertando del riesgo que supone entregar a empresas privadas la gestión de servicios públicos esenciales. En este caso, la cesión de 700 plazas para explotación privada ha reavivado el temor a que las nuevas residencias se conviertan en un negocio para unas pocas compañías, en lugar de un derecho garantizado para quienes más lo necesitan.

Detrás de la decisión de la Xunta se esconde, a juicio de los críticos, una lógica de reducción de costes que suele acabar pagando la plantilla: contratos temporales, salarios más bajos que en el sector público y plantillas ajustadas al mínimo para maximizar el beneficio.

La experiencia de otras comunidades autónomas muestra que la externalización de residencias ha estado marcada por la precariedad laboral y por quejas de los usuarios por la falta de personal. La preocupación no es solo por el coste económico, sino por el impacto en la dignidad de las personas mayores y en las condiciones de quienes las cuidan.

La Xunta, en el punto de mira por la falta de transparencia

La decisión de la Xunta no ha ido acompañada de una explicación detallada sobre los criterios de cesión de las plazas ni sobre las condiciones que se exigirán a las empresas adjudicatarias. Desde Praza.gal se pregunta qué garantías se van a establecer para que la atención a los mayores no se convierta en una mera actividad mercantil.

El gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda, defiende que la colaboración público-privada es necesaria para ampliar la oferta de plazas de forma rápida y eficiente. Sin embargo, los colectivos en defensa de los servicios públicos insisten en que la administración debe ser la que gestione directamente estos recursos, o al menos mantener un control estricto sobre su funcionamiento.

Lo cierto es que el plan de residencias se suma a una tendencia generalizada en toda España: la privatización de los cuidados de larga duración avanza mientras se recortan fondos para la dependencia. Galicia no es una excepción, y este movimiento de la Xunta apunta a que la preocupación de los sindicatos no es infundada.

La polémica está servida, y no es para menos: en juego está la calidad de vida de miles de gallegos y de los trabajadores que cada día les atienden.