Casa 47 alquila sus primeras 93 viviendas en Catalunya mientras la Generalitat y el ministerio siguen sin cerrar el convenio

La entidad estatal se adelanta a la Generalitat

La convocatoria, abierta el pasado viernes, se tramitará íntegramente a través de la web de Casa 47 y los contratos se firmarán con la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda. De las 96 viviendas ofertadas, 56 están en la provincia de Tarragona, 25 en Barcelona, 7 en Lleida y 5 en Girona. Los precios oscilan entre los 350 y los 1.012 euros al mes, con una media de unos 7,50 euros por metro cuadrado.

Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse en periodos de siete años hasta alcanzar los 75, siempre que los inquilinos mantengan las condiciones exigidas. El alcance es aún limitado frente a las 13.000 viviendas anunciadas, pero revela que Casa 47 no está dispuesta a paralizar su actividad a la espera de que ambas administraciones cierren el acuerdo.

Un protocolo sin desarrollar

El documento firmado el 17 de octubre de 2025 entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no suponía una entrega inmediata de las viviendas. Se trataba de un protocolo que abría la puerta a ceder a la Generalitat, en régimen de usufructo, la gestión de los pisos destinados al alquiler asequible, e incorporar los terrenos a la Reserva Pública de Solares de Catalunya.

El anuncio oficial admitía que los inmuebles y suelos se encontraban en distintos estados de disponibilidad y que su incorporación tendría que producirse por fases. El primer objetivo era identificar y delimitar el perímetro de activos mediante un inventario detallado. El protocolo debía desarrollarse mediante un convenio con las condiciones de la cesión, que aún no se ha firmado.

En abril, fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda aseguraron a EFE que el nuevo acuerdo se estaba terminando de negociar. Cuatro meses después, las conversaciones siguen abiertas, pero las posiciones continúan muy alejadas, según fuentes conocedoras del proceso.

El desacuerdo: quién manda sobre las viviendas

El principal desacuerdo está en el reparto del poder sobre las viviendas. La Generalitat aspira a asumir su gestión aplicando sus propios criterios, procedimientos y condiciones. Casa 47, por su parte, rechaza quedar reducida a un propietario meramente formal y defiende que debe conservar capacidad de decisión sobre un patrimonio que continúa siendo suyo.

Ninguna de las administraciones da oficialmente por roto el diálogo. Sin embargo, las fuentes consultadas no ven cercano un acuerdo mientras no se resuelva quién fija las reglas de adjudicación, las condiciones de los alquileres, el reparto de los gastos y las responsabilidades sobre la conservación y rehabilitación de los inmuebles.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda rebajan las diferencias. Señalan que "se trabaja de una forma fluida y leal", pero que se ha estado "avanzando prioritariamente" con los suelos que la entidad estatal transferirá a la Generalitat, mientras que, en el caso de las viviendas, "se ha decidido que estas las saque Casa 47 en lo que se cierra en convenio".

El modelo de Asturias como referencia

El modelo que Casa 47 ha planteado en otras comunidades permite conocer cuáles son los asuntos que deben resolverse. En el protocolo firmado con Asturias, el Gobierno estableció que la comunidad autónoma podría gestionar las viviendas en usufructo, pero bajo las condiciones estipuladas por la entidad estatal, que conservaría su titularidad.

Entre los elementos pendientes de concretar figuran la duración del usufructo, la distribución de los gastos de gestión, las necesidades de rehabilitación, el régimen de alquiler asequible y la coordinación de los sistemas de información.

La propiedad otorga a Casa 47 una posición de fuerza en las conversaciones. Mientras no exista un convenio que limite o transfiera sus facultades, la entidad puede continuar gestionando directamente los inmuebles. La convocatoria anunciada demuestra que está dispuesta a ejercer esa capacidad y que no pretende paralizar sus planes a la espera de la Generalitat.