Castilla-La Mancha movilizará edificios públicos vacíos para levantar vivienda protegida sin esperar al planeamiento

Una vía exprés para convertir patrimonio público en vivienda asequible

La futura Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha incorporará una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Esa disposición permitirá que bienes como un antiguo cuartel, un edificio administrativo en desuso o una parcela pública sin construir puedan acoger viviendas públicas protegidas.

La clave está en que no hará falta modificar el planeamiento municipal, un trámite que puede tardar años. El régimen será excepcional y temporal: las viviendas se destinarán prioritariamente a alquiler, por un plazo de cinco años prorrogables. De esta forma, la Junta quiere dar salida rápida a un parque de vivienda asequible que en la región sigue siendo escaso.

La medida, que en un primer momento se limitaba a los bienes del Ejecutivo autonómico y de su sector público, se extenderá a los de cualquier administración pública gracias a los convenios acordados con el Gobierno central, los ayuntamientos y las diputaciones. Así lo han explicado fuentes del Ejecutivo autonómico a El País.

Requisitos para activar el mecanismo

Según la propia disposición, el nuevo régimen solo podrá aplicarse si se cumplen tres condiciones: que se acredite que hay necesidad de vivienda en la zona, que el inmueble sea adecuado para ese uso y que la administración propietaria esté de acuerdo. El ayuntamiento participará en el procedimiento y habrá un mes de información pública.

La aprobación corresponderá al Gobierno regional, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Es decir, la decisión final recae en la Junta, pero con garantías de participación municipal y de transparencia mediante el trámite de información pública.

Un ejemplo práctico que ilustra el objetivo de la norma es el de la antigua sede de la Delegación de la Junta en Ciudad Real, que se ha quedado vacía tras el traslado de los servicios que se daban a un único edificio, recuperando un antiguo hospital que llevaba 20 años cerrado. La intención es reutilizar el complejo y habilitarlo para un centenar de viviendas públicas de alquiler.

Más edificabilidad y densidad si todo se destina a vivienda protegida

Según cálculos de la Junta de Castilla-La Mancha, el cambio legislativo permitirá aumentar la edificabilidad hasta un 20% y la densidad hasta un 30%, con la condición de que todo el incremento se destine a vivienda protegida. Esta es una de las bazas del nuevo marco normativo para que los ayuntamientos vean con buenos ojos la movilización de sus suelos.

La medida se regirá por la colaboración y las garantías entre administraciones y promotores, según han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico. La intención es que el sector privado pueda participar en la construcción y gestión de estas viviendas, pero siempre bajo el paraguas de la protección pública.

La norma llega en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país. Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha busca sumarse a otras comunidades que ya han apostado por fórmulas similares para ampliar su parque de vivienda asequible sin esperar a lentos procesos urbanísticos.

Castilla-La Mancha se suma a la ola de movilización de suelo público

Con esta medida, Castilla-La Mancha se equipara con otras comunidades como Andalucía, cuyo gobierno autonómico aprobó hace dos años una normativa para permitir por ley a los alcaldes y ayuntamientos construir viviendas protegidas en espacios públicos en desuso. La Comunidad de Madrid, un año después, en 2023, posibilitó a los ayuntamientos construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso para su posterior alquiler sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento urbano local.

Cataluña y País Vasco también han recurrido en los últimos tiempos a distintas fórmulas de movilización de suelos de titularidad pública para destinarlos a fines residenciales protegidos. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha implementado planes de movilización y expropiación de uso de solares públicos o edificaciones sin actividad para ampliar su parque residencial social.

A nivel estatal, el Gobierno también ha desarrollado estrategias de este tipo. La más ambiciosa tiene que ver con el trasvase de los suelos y activos de la Sareb a Casa47, el nuevo ente estatal encargado de gestionar el parque público de vivienda. Casa47 percibió del banco malo un paquete estimado en más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos. Este nuevo organismo también se ha nutrido a lo largo del año de terrenos provenientes de los Ministerios de Defensa, Interior o Hacienda.

La previsión más optimista es que en el conjunto de los terrenos, sin contar las casas de la Sareb que ya están construidas, puedan levantarse alrededor de 98.000 viviendas. El movimiento de Castilla-La Mancha se inscribe así en una tendencia más amplia de buscar soluciones rápidas al problema de la vivienda protegida, aprovechando el patrimonio público que ya existe.