La dimisión de Montse Mínguez reabre el debate sobre los políticos y el rentismo mientras la derecha intensifica su ofensiva contra el movimiento por la vivienda
La dimisión de la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, tras revelarse que su pareja es un empresario dedicado al alquiler de decenas de inmuebles, ha reabierto el debate sobre la relación entre los políticos y el rentismo en plena ofensiva de PP y Vox contra el movimiento por la vivienda. El caso, que estalla después de que Mínguez defendiera en sede parlamentaria que 'las viviendas son un derecho y no un negocio', ha puesto en el centro de la discusión las contradicciones de los socialistas con las políticas estructurales de vivienda y ha reactivado los ataques de la derecha contra quienes se hacen eco de una demanda social que, según el CIS, ya es la principal preocupación de los españoles.
El caso Mínguez: entre la presión personal y la 'doble moral'
La ya exportavoz del PSOE dimitió este viernes después de que el digital 'Artículo 14' publicara que su pareja, un empresario catalán, posee decenas de inmuebles que compra, rehabilita y alquila. Aunque Mínguez no tiene vínculo jurídico con las empresas de su pareja, el PP y Vox la acusaron de 'hipocresía' y 'doble moral' por haber defendido quince días antes en el Congreso que la vivienda es un derecho y no un negocio.
En su única defensa pública, la diputada aseguró en Antena 3 que su pareja 'paga sus impuestos y cumple la ley de vivienda, que en Catalunya está en vigor y limita los precios del alquiler en zonas tensionadas'. Sin embargo, la presión fue en aumento: según trasladó Mínguez a eldiario.es, sufrió 'una auténtica persecución personal en Lleida', donde reporteros de programas de televisión o medios digitales llegaron a acudir a la puerta de su casa y a los puestos de trabajo de su familia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó desde Bruselas lamentando que 'la política muchas veces maltrata a buenas personas' y aseguró que respeta la decisión de Mínguez, a quien definió como 'una gran política' y 'muy buena persona'.
Ferraz desmiente los bulos y defiende la trayectoria de Mínguez
En el PSOE sostienen que la actividad profesional de la pareja de Mínguez 'no ha condicionado, ni ha influido, ni ha chocado en ningún punto' con el desempeño político de la diputada, y que su salida se debe únicamente a la presión sobre su familia. 'Lo importante es lo que ella ha votado en el Parlamento: siempre a favor de una vivienda digna y accesible', afirman desde Ferraz.
Además, desmienten rotundamente dos publicaciones de El Español que atribuían a la pareja de Mínguez supuestas empresas en Panamá, Polonia o Brasil: 'Ni tiene empresas en Panamá, ni en Polonia, ni en Brasil'. También aseguran que cuando el empresario recibió en 2017 el visto bueno del Ayuntamiento de Lleida para construir una urbanización de lujo, Mínguez —que presidió la Junta de Gobierno local— no era pareja del constructor.
La abogada y experta en derecho a la vivienda Alejandra Jacinto, sin embargo, considera que el caso refleja 'la eterna contradicción de los socialistas con políticas estructurales como las de vivienda'. 'No se puede estar con los rentistas profesionales y con el derecho a la vivienda', sentencia, recordando que la exdirectora general de vivienda socialista es hoy presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL), igual que antes lo fue Joan Clos.
La ofensiva de la derecha contra el movimiento por la vivienda
El caso Mínguez se enmarca en una estrategia más amplia de PP y Vox por neutralizar el acceso a la vivienda como tema central de campaña. Según el análisis de Jacinto, 'la derecha y la extrema derecha han tenido éxito hasta ahora para neutralizar las luchas por el derecho a la vivienda', y la prueba es que 'se hable más de empresas de alarmas y de bandas de desokupación que de víctimas de desahucios'.
Los ataques comenzaron con Maricarmen, la mujer cuyo desahucio desató la ola de indignación. Mientras estaba ingresada en el hospital, se difundieron bulos sobre una supuesta fortuna en el banco, montajes fotográficos en restaurantes y peluquerías, e incluso desde PP y Vox llegaron a llamarla 'morocarmen' o 'puta sinvergüenza'. Después fue el turno del Sindicato de Inquilinas: a su portavoz, Fernando de los Santos, se le atribuyeron cientos de propiedades, y al propio sindicato hasta 171 inmuebles, algo que The Objective tuvo que rectificar.
Más recientemente, una colaboradora de 'El Hormiguero' afirmó que el Sindicato recibía 3,7 millones de euros de subvención pública, algo falso. Para el director del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, la derecha plantea el debate en términos morales, pero 'el problema es económico: si no atacas la distribución y el acaparamiento, no resuelves nada'.
El patrimonio inmobiliario de los diputados y el coste del alquiler
El debate sobre los políticos y el rentismo viene acompañado de datos concretos sobre el patrimonio de los representantes públicos. Según las declaraciones de bienes del Congreso, casi el 20% de los diputados disponen de tres o más propiedades. Entre los casos más llamativos, María de las Mercedes Cantalapiedra, del PP, declara 19 viviendas, y María Mercè Perea i Conillas, del PSC, once.
En el Senado, dos senadores del PP destacan por su patrimonio: José Manuel Barreiro, con 13 viviendas, seis solares y dos bajos comerciales, y María Salom, con 10 viviendas, 8 locales comerciales y 20 plazas de aparcamiento, concentrados principalmente en Mallorca.
Mientras tanto, según el INE, casi 3 millones de personas destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler, y cada año 28.000 millones de euros pasan de los inquilinos a los propietarios, el 1,6% del PIB. Para Palomera, 'una vez que las viviendas son activos, se van concentrando' y el negocio 'no hace más que generar desigualdad y fracturar este país'.
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