Cinco años de lucha de los afectados por la vacuna AstraZeneca para que se considere accidente laboral
La reivindicación de los trabajadores que sufrieron efectos adversos graves tras recibir la vacuna de AstraZeneca ha cumplido cinco años. El reconocimiento de estas secuelas como accidente laboral sigue siendo una asignatura pendiente para la Seguridad Social, un debate que enfrenta el diagnóstico médico con la interpretación administrativa.

Una batalla administrativa de media década
Media década después de que se administraran las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca en España, un grupo de personas afectadas continúa inmerso en un proceso administrativo y judicial para que las secuelas que sufren sean reconocidas como accidente de trabajo. La reivindicación, impulsada por los propios damnificados, ha puesto sobre la mesa una cuestión que la normativa de prevención de riesgos laborales no había previsto.
La vía que se ha explorado durante estos cinco años pasa por demostrar que la relación laboral y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad profesional fueron el vehículo que permitió la exposición al fármaco. Los afectados defienden que la administración de la vacuna, en muchos casos promovida por las propias empresas en el marco de los planes de vacunación, se produjo en el ámbito del trabajo y por tanto debe ser tratada como una contingencia profesional.
La frontera entre contingencia común y profesional
El debate jurídico se centra en la clasificación de la contingencia. La Seguridad Social ha venido tratando estos casos como enfermedad común, lo que implica prestaciones inferiores y una protección distinta a la que corresponde a un accidente de trabajo. La diferencia no es menor: el reconocimiento como contingencia profesional conlleva no solo una mejora de las prestaciones económicas, sino también derechos adicionales en materia de vigilancia de la salud y de reincorporación laboral.
La dificultad estriba en acreditar el nexo causal entre la actividad laboral y la aparición de las secuelas. En los casos de las vacunas administradas en campañas masivas, la trazabilidad del acto vacunal y su relación con la actividad del trabajador presenta complejidades que los tribunales han tenido que resolver caso por caso. Solo en algunos supuestos, en los que se pudo demostrar que la vacunación fue ordenada o incentivada por el empleador, la vía del accidente laboral ha encontrado recorrido.
Un precedente con impacto en la gestión de futuras crisis sanitarias
La reclamación de estos trabajadores trasciende el ámbito individual. El desenlace de estos procedimientos puede sentar un precedente sobre cómo se gestionan las contingencias derivadas de campañas de vacunación en el entorno laboral en futuras crisis sanitarias.
La falta de una respuesta uniforme ha generado una situación de inseguridad jurídica para los trabajadores y para las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que son las entidades que gestionan las contingencias profesionales. Los afectados han denunciado en reiteradas ocasiones la lentitud de los procesos y la falta de criterios homogéneos entre las distintas administraciones.
La presión social ha ido en aumento a lo largo de estos cinco años, con concentraciones y movilizaciones que han buscado visibilizar una causa que afecta a la salud y a la economía familiar de los damnificados. Mientras tanto, el tiempo pasa y las secuelas persisten, en muchos casos limitando la capacidad laboral de quienes reclaman justicia.



