Consumo ordena retirar 8.318 anuncios de pisos turísticos camuflados como alquileres de temporada
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a dos portales inmobiliarios la retirada de 8.318 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada, una práctica prohibida por el real decreto de vivienda aprobado el pasado 6 de octubre. La Comunidad de Madrid concentra el 81% de los casos, con 6.772 anuncios, de los que 6.523 corresponden a la capital.
Una práctica prohibida para esquivar la licencia turística
El departamento que dirige Pablo Bustinduy sostiene que la comercialización de pisos turísticos bajo la modalidad de alquiler de temporada vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos. El decreto aprobado el 6 de octubre fija en 30 días el máximo de estancias turísticas publicitables y en 31 días el mínimo para que un alquiler sea considerado de temporada; todo lo que quede en ese limbo se considera publicidad ilícita.
Según el Ministerio, los portales tienen la obligación de no publicar anuncios ilegales. Una vez notificados, quedan expuestos a la apertura de expediente y a posibles sanciones si no retiran los contenidos señalados. La práctica, denunciada por asociaciones vecinales de Madrid y confirmada por el consistorio, busca evitar la licencia turística obligatoria y las multas por carecer de ella.
El Ministerio considera que la oferta encubierta constituye una comunicación desleal por engañosa, lo que encaja en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Un refuerzo normativo tras sanciones previas a grandes plataformas
El requerimiento a los dos portales se produce después de que el departamento de Consumo haya aplicado multas multimillonarias a las grandes plataformas. Airbnb fue sancionado por ofertar miles de alojamientos turísticos irregulares y tuvo que pagar 64 millones de euros y retirar más de 65.000 anuncios. Booking, por su parte, retiró más de 4.000 anuncios tras un requerimiento del mismo ministerio.
Además, Facua denunció recientemente a seis portales inmobiliarios por no indicar en los anuncios los precios máximos aplicables en zonas tensionadas ni la condición de gran tenedor de los propietarios, otra obligación impuesta por los nuevos decretos de vivienda. El Ministerio también sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra los inquilinos y mantiene un expediente abierto a otra empresa del sector.
La nueva normativa amplía las obligaciones de las plataformas digitales, que pasan de ser meros escaparates a responsables de la legalidad de los anuncios que publican.
Madrid, epicentro de la oferta irregular
La concentración geográfica de los anuncios señalados evidencia un problema especialmente acusado en la Comunidad de Madrid. De los 8.318 casos detectados, 6.772 corresponden a esa región y 6.523 a la ciudad de Madrid. El requerimiento afecta a dos portales cuya identidad no ha trascendido en la información facilitada por el Ministerio.
La práctica de anunciar viviendas turísticas como alquileres de temporada vacía de protección al inquilino y distorsiona el mercado del alquiler residencial. Para el Ministerio, esta fórmula engañosa permite a los propietarios eludir la regulación turística y trasladar a los arrendatarios una precariedad que la nueva norma quiere atajar.
La medida se enmarca en una batería de actuaciones del departamento de Consumo en materia de vivienda, que busca garantizar que las plataformas colaboren en el cumplimiento de la ley y no se conviertan en un canal para vulnerarla.
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