El Congreso blinda la confidencialidad de los precios de los medicamentos para evitar subidas y desabastecimiento

Un pacto inusual para proteger los acuerdos de financiación

El acuerdo alcanzado el 25 de junio en la Comisión de Sanidad del Congreso entre PSOE, PP y Sumar ha permitido modificar la Ley de los medicamentos para garantizar la confidencialidad de los acuerdos de financiación de los fármacos financiados públicamente. La nueva disposición, que se convirtió en ley a finales del mes pasado, protege tanto los precios reales que paga la Administración como los contratos de suministro.

Como contrapeso, se permite el acceso a esta información a las autoridades de competencia y tributarias, y el Ministerio de Sanidad queda obligado a publicar información individualizada y agregada accesible, exceptuando los puntos críticos de los acuerdos.

La medida culmina años de reclamaciones y pleitos. Actualmente hay dos recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo que han enfrentado a organizaciones como Civio y al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno contra el Ministerio de Sanidad.

La paradoja de la transparencia: más información, precios más altos

Detrás de esta decisión hay un conflicto entre dos objetivos deseables: la transparencia, fundamental para el buen gobierno y la eficiencia de los mercados, y la necesidad de mantener precios asequibles para el sistema sanitario. La divulgación completa de los datos podría elevar mucho el importe a pagar por los medicamentos, retrasar o impedir su comercialización en España y dejar a los pacientes sin los tratamientos que necesitan.

El problema se explica por el sistema de Precios de Referencia Internacionales. Los países observan los precios de sus vecinos para fijar los suyos, y las empresas farmacéuticas negocian precios según la capacidad de pago de cada sistema de salud. Si admitieran precios más bajos y estos se conocieran, sufrirían un efecto dominó, pues otros países también los querrían.

Por eso las compañías lanzan primero sus nuevos productos en mercados que pueden pagar precios altos, y países con controles estrictos como España los reciben más tarde. Para no perder ventas y beneficios, aceptan condiciones ajustadas a cada país, pero con la condición de que no se revelen los precios más bajos realmente pagados.

La presión de Estados Unidos agrava el dilema

El problema se ha exacerbado con las políticas de la administración de Donald Trump, que ha empezado a practicar también el sistema de precios de referencia internacionales para bajar los precios en Estados Unidos. Esta presión crea una presión al alza en los países referenciados, lo que encarece aún más el acceso a los medicamentos.

Según los defensores de la confidencialidad, una transparencia completa no procede, ya que España tendría que pagar precios altos o quedarse sin los medicamentos, y eso sería mucho peor para los pacientes. Los diferenciales de precios entre países son acordes con la economía: la eficiencia estática exige un precio ajustado a la disponibilidad a pagar propia de la renta de cada país, y la eficiencia dinámica requiere sufragar las inversiones conjuntas en investigación y desarrollo proporcionalmente a las posibilidades de cada uno.