El Gobierno acusa a Vivas de bloquear la acogida de 500 niñas solas en la Península y anuncia un giro: “Hemos decidido defendernos”
La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una nueva fase. Tras 50 días de choques con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el Gobierno central ha decidido pasar a la ofensiva y responder con dureza a las acusaciones del dirigente del PP. El detonante ha sido la situación de los menores tutelados: el Ejecutivo ofrece desde agosto trasladar a 500 niñas solas a la Península, pero la ciudad, que tiene la tutela, se niega a dar el visto bueno. Mientras tanto, las cifras oficiales reconocen que quedan al menos 10.000 migrantes en Ceuta, muy por encima de las 6.000 plazas ya operativas.

El cruce de acusaciones entre Sánchez y Vivas
El miércoles, tras la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez respondió a una pregunta de los periodistas sobre los mil menores que siguen en las calles de Ceuta con un dardo directo: “Eso pregúntenselo a Vivas”. Un gesto inhabitual en un presidente que raramente comenta las preguntas al aire, pero que evidencia el deterioro de la relación entre ambas administraciones.
En la Moncloa explican que este “desahogo” responde a una decisión meditada. “Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos”, señalan fuentes del Ejecutivo, que aseguran que la ciudad autónoma no empatiza con la dificultad de gestionar la llegada masiva de menores. La semana pasada, Vivas llegó a afirmar que Sánchez “no está capacitado” para seguir en el cargo por no estar a la altura de sus obligaciones constitucionales.
El bloqueo al traslado de 500 niñas solas
El principal foco de tensión es la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que desde principios de agosto ofrece a la ciudad autónoma el traslado temporal de 500 niñas solas a la Península. La acogida contaría con recursos del Estado y la gestión de entidades especializadas, pero es Ceuta, como depositaria de la tutela, quien debe dar el visto bueno. Hasta ahora, se niega.
El ministerio asegura que ha trasladado la propuesta de manera recurrente, tanto en reuniones técnicas como en conversaciones directas entre la ministra Sira Rego y Vivas. Sin embargo, los responsables locales no responden. Esta semana, la Cadena SER desveló un correo electrónico enviado el 28 de agosto sin respuesta, y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, negó tener constancia del mensaje, insistiendo en que “la prioridad es la repatriación de menores”.
El giro de Vivas sobre las devoluciones a Marruecos
El Gobierno subraya el cambio de posicionamiento de Vivas respecto a las devoluciones. El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el presidente ceutí afirmó en una comparecencia que “con la legislación en la mano, no se puede” devolver a los menores, y que “ninguno quiere retornar”. Un vídeo de esa intervención sigue visible en las redes oficiales del Gobierno local.
Ahora, la ciudad alega “nuevas circunstancias” y se ampara en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y en el reglamento de Retornos. Según el PP, estas normas eliminan la opinión del menor en los procesos de reunificación familiar, aunque fuentes del Gobierno central matizan que siguen exigiendo garantías individualizadas y que el reglamento aún no está en vigor.
Boicot a los emplazamientos y cifras que crecen
El otro gran campo de batalla es la búsqueda de emplazamientos para la acogida de adultos. El Gobierno denuncia que el Ejecutivo ceutí ha vetado ubicaciones como las carpas en el entorno del hospital militar, la antigua fábrica de harinas o las naves del Tarajal, con argumentos como el rechazo vecinal o la presión de empresarios.
Uno de los ejemplos más claros es el del Puerto: tras pactar la cesión de 16.000 metros cuadrados para acoger a 1.700 personas, la autoridad portuaria emitió un informe desfavorable y el Ministerio de Transportes asumió la decisión de forma unilateral. La desconfianza es tal que, en algunos operativos, se evita informar con antelación a las autoridades locales por temor a un boicot.
Mientras tanto, las cifras no dejan de crecer. El Gobierno reconoce ahora que hay al menos 10.000 migrantes en Ceuta, una cifra muy superior a las 2.000 que manejaba a principios de agosto y a las 5.000 que citó Sánchez en septiembre. Las plazas comprometidas son 6.000, pero la situación sigue lejos de resolverse. Sánchez asegura que espera tenerla arreglada a final de año.



