El Gobierno exigirá a los centros de datos un 80% de consumo renovable horario y 'carné europeo' para operar

Requisitos para instalaciones de más de 1 MW

El borrador del real decreto, impulsado por los Ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, fija obligaciones para los centros de datos con potencia eléctrica superior a 1 MW, al considerar que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante. Entre las exigencias destaca que deberán cumplir con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo que la Comisión Europea está desarrollando para aplicar la directiva de Eficiencia Energética de 2023, y que se incluirá en un reglamento comunitario previsto para agosto de 2027. Hasta esa fecha, el decreto anticipa los criterios del borrador comunitario y exige ya la categoría A, la más alta.

Además, la norma establece que los centros de datos deberán consumir energía renovable en al menos un 80% hasta que la generación de estas fuentes en España supere el 90% del mix eléctrico, que actualmente ronda el 56%. Este consumo deberá ser adicional: cada nuevo MW consumido deberá ir acompañado de un nuevo MW renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación, ya sea mediante autoconsumo o contratos a plazo (PPA). El cumplimiento se acreditará hora a hora: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá provenir de renovables generadas esa misma hora.

Soberanía digital y penalizaciones

El proyecto incluye también requisitos de soberanía digital: los centros de datos deberán ser operados por una entidad establecida en la Unión Europea, que mantendrá los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptará medidas frente a accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo. El Ministerio para la Transformación Digital comprobará el cumplimiento de estos requisitos.

Los proyectos que quieran acceder a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estas condiciones para obtener los derechos de acceso y conexión. En caso de incumplimiento, se aplicarán penalizaciones crecientes en los costes regulados de la tarifa eléctrica (cargos y peajes) y, en última instancia, podrán perder el derecho de acceso. Con estos recargos se compensará el sobrecoste que la falta de adicionalidad y correlación horaria pudiera repercutir sobre el sistema eléctrico y, por tanto, sobre las facturas de los consumidores.

Una vez en vigor la norma, los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse y acreditar su cumplimiento. Si están a la espera de un concurso de acceso a la red, el plazo será de tres meses y podrán renunciar a los derechos sin ejecución de garantías. Además, todos los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir a Transición Ecológica sus datos de eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación anual.

Contexto: el boom de los centros de datos y su impacto

La iniciativa responde al mandato del Real Decreto ley 7/2026, que aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con el objetivo de acompasar el despliegue de centros de datos con nueva generación renovable. El Gobierno advierte de que un aumento de demanda sin renovables adicionales podría elevar el uso de gas natural para generación eléctrica, encarecer los costes para todos los consumidores y frenar la electrificación.

Según la Estrategia de Inteligencia Artificial, se prevén unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030 para estos centros, que necesitarían entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y permisos concedidos superan ampliamente ese objetivo: desde 2021 se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red, y la vicepresidenta Sara Aagesen ha alertado de una posible "burbuja" de solicitudes. La nueva Planificación de Electricidad 2025-2030, en tramitación, incluye 3,8 GW adicionales para centros de procesamiento de datos.

En 2024, estos centros supusieron el 1,5% de la demanda mundial de electricidad, unos 415 teravatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su consumo ha crecido un 12% anual el último lustro y podría duplicarse hasta 945 TWh en 2030. En Estados Unidos, su peso ha pasado del 2% de la demanda nacional en 2018 al 4,4% en 2023, y podría alcanzar el 12% en 2028, según el Belfer Center de la Harvard Kennedy School. En España, comunidades como Madrid y Aragón, gobernadas por el PP, han impulsado estos proyectos con incentivos, mientras que un estudio reciente en EE. UU. los vincula con subidas del precio de la luz y la vivienda, un tema que ya ha entrado en el debate electoral de ese país.