El Gobierno fija la subida del SMI en el 5,3% para 2027 sin el respaldo de sindicatos ni patronal

El Ministerio de Trabajo ha publicado el texto definitivo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que será del 5,3% y situará el suelo salarial en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, según consta en la plataforma de audiencia pública a la que ha tenido acceso El País. El incremento, de 65 euros mensuales, supera la propuesta de la comisión de expertos, pero se queda lejos del 7% que reclaman UGT y CC OO y no contará, por primera vez en casi siete años, con el respaldo formal de los agentes sociales.

Por Redacción5 de noviembre de 2026, 08:15

Fotografía que ilustra la noticia: El Gobierno fija la subida del SMI en el 5,3% para 2027 sin el respaldo de sindicatos ni patronal — (El País)

Una subida que se aleja de la propuesta de los expertos

El real decreto que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente antes de las elecciones generales del 29 de noviembre fija el SMI en 18.004 euros anuales. La cifra supone un aumento de 65 euros mensuales con respecto a los 1.221 euros actuales, cinco euros más de los que contemplaba el escenario central de la comisión de expertos.

Ese comité asesor planteaba un alza del 4,9%, en línea con la inflación interanual de octubre, que habría dejado el salario mínimo en 1.281 euros al mes. El ministerio que dirige Yolanda Díaz ha optado por un incremento algo mayor, en un movimiento que interpreta como un intento de acercarse a las demandas sindicales sin llegar a satisfacerlas.

La publicación del texto en el trámite de audiencia pública, que permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre, permite al Gobierno aprobar la medida en los Consejos de Ministros ordinarios del 17 o del 24 de noviembre, los dos que quedan antes de la cita electoral.

Sindicatos y patronal: un acuerdo roto por primera vez en siete años

La subida se ha decidido tras consultar a los agentes sociales, pero sin alcanzar un acuerdo con ellos, algo que el Estatuto de los Trabajadores no exige: la ley solo obliga a que el Ejecutivo consulte a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, pero no le impone sellar un pacto. El SMI se regula además por decreto, por lo que no requiere el visto bueno del Parlamento.

Este escenario rompe la tónica habitual desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. Las organizaciones patronales no respaldarán la medida, como ha sido lo más frecuente en los últimos años, pero la novedad es que los sindicatos tampoco lo harán. UGT y CC OO mantienen su reivindicación del 7% y no están dispuestos a moverla.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, fue explícito este miércoles: "Nos vamos a mantener firmes en la reivindicación del 7%. El Gobierno tiene su informe y el Gobierno tendrá que decidir si finalmente hay una subida antes de las elecciones del SMI, si se acoge a ese informe o si se aviene a las posiciones de los sindicatos".

Los compromisos incumplidos que alejan a las centrales

Desde UGT transmiten la misma posición de firmeza en el 7% y recuerdan que el Gobierno no ha cumplido compromisos anteriores que eran condición para que las centrales apoyasen la subida. El primero es la reforma de las reglas de compensación y absorción de pluses, para que las empresas no puedan eliminarlos cuando sube el SMI. El segundo es el refuerzo del registro horario.

Fuentes cercanas al departamento de Trabajo confirman que el primer proyecto no saldrá adelante y que el Ejecutivo no cumplirá esa promesa sellada en varios acuerdos oficiales. En cambio, sí hay posibilidades de que el nuevo control horario llegue al Consejo de Ministros antes de las elecciones.

Este cúmulo de incumplimientos y la decisión de fijar una cifra por decreto sin pacto previo hacen que los sindicatos no vayan a dar un apoyo formal a la propuesta del ministerio, algo que no había ocurrido en los casi siete años que Díaz lleva al frente de la cartera de Trabajo y Economía Social.

Una carrera contrarreloj antes de las urnas

El Ministerio de Trabajo está acelerando los plazos con un objetivo claro: que el aumento del SMI quede cerrado antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La intención es evitar que la medida quede al albur de un gobierno en funciones o del próximo Ejecutivo que tome las riendas del país.

La decisión de fijar la subida sin acuerdo social supone un giro en la política de diálogo social que había caracterizado las subidas anteriores del salario mínimo. Aunque el pacto con los sindicatos había sido la norma en los últimos años, el Ejecutivo ha optado ahora por imponer su criterio a través del decreto.

El texto publicado este miércoles por la noche en la plataforma de audiencia pública marca la cifra definitiva: 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, 18.004 euros anuales. Queda por ver si las alegaciones que presenten los agentes sociales durante el periodo de consultas modifican algún aspecto del proyecto antes de su aprobación final en el Consejo de Ministros.