El Gobierno subvencionará con 201,7 millones a promotores y fondos para levantar 2.425 viviendas asequibles en suelo público

A fondo perdido, pero con condiciones

Según la información publicada por El Periódico, el texto normativo que debe pasar por el Consejo de Ministros contempla una subvención máxima de 201,7 millones para unas 2.425 viviendas, lo que supone una media de 83.175 euros por inmueble. El dinero procede de fondos que el Ministerio de Vivienda ya había transferido a Casa 47 para ejecutar el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.

La ayuda no es un préstamo: se trata de subvenciones a fondo perdido condicionadas al cumplimiento del contrato. El adjudicatario no tendrá que devolverlas si justifica correctamente los gastos, pero la norma incluye controles para evitar que el dinero público elimine el riesgo empresarial. Podrán cubrirse costes de obra, redacción de proyectos, dirección facultativa y otros costes indirectos necesarios.

El borrador del decreto, que estuvo en información pública hasta este martes, también permite que el concesionario reciba por adelantado hasta el 100% de la subvención cuando sea necesario para asegurar la viabilidad financiera del proyecto.

Alquileres limitados al 30% de la renta disponible

A cambio del apoyo público, las rentas no serán libres. Las viviendas deberán arrendarse por debajo de mercado y la renta, sumada a una estimación de los suministros, no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada del hogar tipo que corresponda al tamaño de la vivienda. Los pliegos concretarán después los límites exactos.

El proyecto fija además una duración de concesión de 50 años, durante los cuales el privado deberá construir, mantener y gestionar el inmueble. La contrapartida a las ayudas y al uso del terreno público es mantener las viviendas sometidas a alquiler asequible durante toda la concesión.

El régimen de colaboración público-privada en formato concesional que desarrolla este decreto es el primero de estas características. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a comienzos de año que Casa 47 licitaría 2.800 viviendas durante el primer trimestre, pero aquel concurso no se publicó en el plazo prometido. En marzo, el Gobierno modificó la ley de contratos del sector público para crear un régimen específico de concesiones de obra destinado a vivienda social o asequible en suelo público, y ahora se tramita el real decreto que regula las ayudas.

La viabilidad del modelo y sus precedentes

Según los estudios de viabilidad de la propia empresa pública, algunas de las 2.425 viviendas no podrían levantarse con las actuales condiciones normales de mercado, porque los costes de construcción y explotación son demasiado altos para los ingresos que permiten obtener unas rentas limitadas. Para cerrar esa brecha, el Ministerio de Vivienda subvencionará parte de la inversión inicial.

Cada licitación fijará una ayuda máxima y los propios aspirantes podrán mejorar su oferta pidiendo menos subvención. Entre los criterios que podrán puntuar figuran reducir la ayuda pública, acortar el plazo de concesión, aportar más fondos propios, industrializar la construcción, mejorar la eficiencia energética o terminar antes las obras.

El funcionamiento es sencillo: Casa 47 aporta el suelo, mientras que el adjudicatario privado —principalmente promotores, constructores y fondos de inversión— financia y construye el edificio, se encarga de conservarlo y lo explota en alquiler durante la concesión. El importe de la compensación deberá calcularse teniendo en cuenta la inversión necesaria, los ingresos previstos, los costes de explotación y un "beneficio razonable".

El modelo ya se aplica a gran escala en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, donde el Plan Vive ha puesto en marcha 8.000 viviendas, algunas con subvenciones a fondo perdido de fondos europeos.