El rechazo de Junts a los decretos de vivienda abre la puerta a un adelanto electoral que Sánchez decidirá este fin de semana
El Gobierno de Pedro Sánchez se juega su continuidad este fin de semana. La derrota de los dos decretos de vivienda en el Congreso el pasado viernes, con el voto en contra de Junts, ha despejado el camino hacia un adelanto electoral que Moncloa podría anunciar el lunes. La fecha que circula en los pasillos parlamentarios es el 29 de noviembre, según ha publicado eldiario.es.
Junts tumba los decretos y agota la legislatura
La votación del viernes en el Congreso confirmó lo que se venía fraguando desde hace meses: Junts, el partido que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez, ha consumado su ruptura con el Gobierno al votar en contra de los dos decretos de vivienda. Con ese rechazo, el Ejecutivo sufre su primer fracaso legislativo de calado en esta legislatura, y la pregunta ya no es si habrá elecciones, sino cuándo.
El propio Sánchez dejó entrever sus intenciones en una intervención sorpresiva al final del debate. "Hagan lo correcto, porque si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", advirtió. Un mensaje que, según fuentes parlamentarias recogidas por eldiario.es, solo podía interpretarse como un aviso de adelanto electoral.
Moncloa tiene ahora un fin de semana por delante para decidir. La tesis que gana fuerza es que convocar elecciones para el 29 de noviembre aprovecha el impulso de la crisis de la vivienda, un asunto que moviliza a la opinión pública y que da a la izquierda un mensaje de campaña potente. Esperar a marzo de 2027, la fecha natural de las elecciones, implicaría arriesgarse a que ese argumento pierda fuelle.
La vivienda como bandera electoral y el miedo de los inquilinos
El debate del viernes dejó claro que la vivienda será uno de los ejes centrales de la próxima campaña electoral, si se confirma el adelanto. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, planteó la cuestión en términos simples y trasladables a las urnas: "Señores del PP, UPN y Vox, con la gente o con los buitres".
Los datos que maneja el Gobierno respaldan ese discurso. Una encuesta publicada el viernes por El País, realizada antes de la publicación de los decretos, señala que un 67% de los españoles está a favor de limitar los precios de la vivienda mediante regulación, aunque eso suponga una pérdida de rentabilidad para el casero. El dato relevante es que ese apoyo incluye a un 56% de los votantes del PP, lo que indica que la intervención en el mercado del alquiler no es una reivindicación exclusiva de la izquierda.
El temor entre quienes alquilan es elevado. Casi el 75% de los inquilinos teme verse obligado a salir de su vivienda en los próximos dos años, según la misma encuesta. Esa preocupación social es la que el PSOE y Sumar quieren convertir en rentabilidad electoral, y la que el PP intenta neutralizar con promesas de construcción masiva.
El PP, sorprendido y a la defensiva: "Por mí, que convoque cuando quiera"
El Partido Popular fue el primero en mostrar sorpresa ante la posibilidad del adelanto. Inicialmente, sus dirigentes no se creían que Sánchez fuera a tomar esa decisión, pero rápidamente pasaron a aceptarla como un escenario probable. Alberto Núñez Feijóo respondió con un tono desafiante: "Por mí, que convoque cuando quiera".
En el debate parlamentario, el PP intentó cambiar los términos de la discusión para no aparecer como el partido de los desahucios y los fondos buitre. El argumento esgrimido fue que la prohibición de desahucios durante dos años dejaría sin opciones de alquiler a las familias vulnerables, excluyéndolas del mercado. Juan Bravo puso un ejemplo hipotético de "una madre divorciada con hijos" que quedaría "para siempre descartada del mercado de alquiler" si se aprobaba la medida.
Feijóo se mostró posibilista: "El resultado de las votaciones garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer, tampoco mejor". Su única propuesta concreta fue prometer un millón de pisos nuevos en la futura legislatura, una cifra que los análisis de mercado ponen en duda como solución a corto y medio plazo, dado que históricamente la construcción masiva no ha logrado contener los precios.
Junts se queda solo en su rechazo: la izquierda le acusa de "traicionar su memoria"
La posición de Junts fue difícil de sostener en el debate. Míriam Nogueras justificó el voto en contra asegurando que el decreto "permite que los fondos sigan especulando y sigan desahuciando", e intentó pasar al PSOE y a Sumar por la izquierda al afirmar que el Gobierno "no se ha atrevido con los fondos". Sin embargo, la propuesta que el partido de Carles Puigdemont había presentado al Gobierno para negociar su apoyo recortaba el decreto de vivienda a favor de los caseros, según la información publicada.
Las reacciones de la izquierda fueron duras. Gerardo Pisarello enseñó en el hemiciclo fotos de personas desahuciadas y afirmó que "Junts ha traicionado su memoria". Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, fue más allá: "Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación llevará el nombre y apellidos de quienes hoy voten 'no'".
El debate también tuvo momentos de gran tensión. Un diputado de Sumar gritó a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, "¡Lo vais a pagar!", mientras que Gabriel Rufián, de ERC, lanzó un aviso a Moncloa: "Le pido cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia... No tienen nada a su izquierda para poder sumar". A su vez, calificó de incoherente la postura de Junts: "Salgan a la calle a descojonarse de esto si son valientes, pero sin escolta y sin Audi".
Sigue leyendo
- politica-economicaGaramendi afronta su tercer mandato en CEOE con la patronal en sequía de acuerdos y un 'no a todo' ante el Gobierno
- politica-economicaLa documentación del rescate a Plus Ultra muestra un procedimiento reglado con la SEPI y relega la vía Zapatero a una gestión ajena al expediente
- politica-economicaSánchez admite en la CNN que el control fronterizo de Marruecos falló en Ceuta y pide solidaridad europea
- politica-economicaAyuso empleó a un cargo público para negociar la compra de un piso en Chamberí; elDiario.es responde a sus acusaciones
