La Caixa, la SEPI y los saudíes acumulan 1.000 millones en minusvalías por su entrada en Telefónica

Tres socios, tres minusvalías

La mayor pérdida latente corresponde a CriteriaCaixa, el brazo inversor de La Caixa, que incrementó su participación en más de un 7% para igualarse con los otros dos grandes accionistas. La entidad catalana pagó un precio medio de 4,39 euros por acción, según la información facilitada a la SEC, lo que sitúa su minusvalía en unos 500 millones de euros. Este precio medio es más elevado porque incluye acciones antiguas que se adquirieron por encima de los cinco euros.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que compró un 10% del capital por encargo del Gobierno para frenar la influencia saudí, desembolsó un precio medio de 4,03 euros por título, con unas pérdidas latentes de unos 357 millones. La inversión pública ascendió a 2.285 millones de euros.

La compañía saudí STC, que dio origen a toda la operación al anunciar el 5 de septiembre de 2023 una participación del 9,9%, compró a un precio medio de 3,7 euros. Su inversión fue de 2.100 millones y las minusvalías rondan los 190 millones. En total, entre los tres accionistas se han esfumado alrededor de 1.000 millones de euros.

El precio del blindaje frente a STC

La entrada de STC en el capital de Telefónica se comunicó cuando el Gobierno estaba en funciones, pero la operación se había diseñado antes de las elecciones generales. Los impulsores de la operación saudí confiaban en que el PP recuperaría el poder y caería la coalición de PSOE y Unidas Podemos, pero acabó gobernando Pedro Sánchez.

La reacción del Ejecutivo fue construir un núcleo duro de accionistas que impidiera a STC tomar el control de una compañía considerada estratégica por ser la infraestructura de telecomunicaciones del país. La normativa española y europea habilita a los gobiernos para frenar que empresas de este tipo pasen a manos consideradas indeseadas.

El despliegue de la SEPI y la ampliación de CriteriaCaixa se realizaron en paralelo y fueron públicos en mayo y junio de 2024. Estas compras ayudaron a que la acción subiera durante el primer semestre de ese año, pero la tendencia se ha revertido y la semana pasada el título rondó su mínimo de los últimos cinco años.

El relevo en la presidencia y la nueva estrategia

Estos tres accionistas fueron los que facilitaron al Gobierno el relevo en la presidencia de Telefónica en enero de 2025, con la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra. El nuevo presidente, próximo al PSC de Salvador Illa y miembro del patronato de la Fundación La Caixa, no ha realizado grandes cambios en la estrategia, pero ha afrontado en su primer año el despido de más de seis mil personas y la venta de las filiales en Latinoamérica, excepto Brasil, con importantes quebrantos reconocidos.

En 2025, Telefónica registró una pérdida de 4.318 millones de euros y en el primer semestre de este año acumula unos números rojos de 338 millones. La gran apuesta de Murtra es la integración de Telefónica con otras compañías europeas similares para construir un operador de escala continental capaz de competir con los grandes grupos estadounidenses y chinos.

La rentabilidad de la red de fibra desplegada, con más de 31 millones de puntos de suministro en toda España, está amenazada por la cobertura por satélite. Por eso, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone han anunciado una alianza para competir con Starlink, la filial de satélites de Space X, que ya cuenta con una constelación de más de 10.000 satélites y que en el contexto de la guerra en Ucrania actúa como una terminal del Gobierno de Estados Unidos.

Quién asume el coste del blindaje

El texto original plantea una cuestión que queda abierta: cómo se socializan estas pérdidas. En el caso de la SEPI, el coste recae en Hacienda y, por tanto, en el conjunto de los contribuyentes. En el de La Caixa, una entidad con un propósito fundacional vinculado a la obra social, su presencia en este tipo de sociedades estratégicas con minusvalías millonarias resulta más cuestionable.

La participación pública en Telefónica se mantiene como una pieza de defensa y soberanía digital. Orange, Deutsche Telekom y Telefónica están participadas por los estados francés, alemán y español, respectivamente, y es previsible que sigan siéndolo aunque los gobiernos cambien de signo político. La pregunta de fondo es a qué precio se sostiene esa presencia y quién acaba asumiendo el coste cuando las inversiones estratégicas se desploman.