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Los asesores fiscales suspenden la gestión del sistema tributario: el 99% cita la cambiante normativa y los tratamientos especiales

La presión fiscal española alcanzó en 2024 el 36,7% del PIB, el segundo nivel más alto de la serie histórica, según datos de la OCDE. En este contexto, el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), en colaboración con el Consejo General de Economistas, ha presentado los resultados de su encuesta anual entre los economistas asesores fiscales del REAF, que recoge su opinión sobre el diseño y la gestión de los impuestos. El resultado es contundente: el 99% de los encuestados señala que la mala evolución del sistema se debe a la interpretación de la normativa por parte de la Administración, los numerosos tratamientos especiales y la modificación continua de las reglas.

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Fotografía que ilustra la noticia: Los asesores fiscales suspenden la gestión del sistema tributario: el 99% cita la cambiante normativa y los tratamientos especiales
(El Periódico)

Una valoración global negativa

La encuesta del IEB, realizada por José María Durán Cabré, profesor de Economía de la UB, y Alejandro Esteller Moré, catedrático de la UB, ambos investigadores del Instituto, incluye preguntas de actualidad y otras recurrentes que permiten trazar una valoración global del sistema fiscal. La evolución reciente es vista con pesimismo: un 56% de los asesores cree que los impuestos actuales son peores que los de hace cinco años, mientras que solamente un 4% considera que son mejores.

Los autores subrayan que las causas de esta evolución negativa son internas al sistema fiscal español y dependen del legislador y de la Agencia Tributaria. La interpretación de la normativa por parte de la Administración, la existencia de numerosos tratamientos especiales y la modificación continua de la normativa concentran en torno al 99% de las respuestas. Este diagnóstico coincide con un momento en el que la presión fiscal se sitúa en niveles históricamente altos, lo que, según los investigadores, hace más importante el diseño de los impuestos porque mayores pueden ser las distorsiones que generan en la economía.

La deducción de I+D: una barrera para las pymes

Uno de los aspectos de actualidad analizados es la deducción por inversión en I+D, considerada 'generosa' por el estudio. Sin embargo, la regulación y aplicación de esta deducción es valorada por más del 75% de los asesores como 'sumamente compleja'. Los autores señalan que estudios previos indican que son las grandes empresas las que más se benefician de esta deducción, mientras que apenas ayuda a las pymes.

La opinión de los profesionales consultados es que la complejidad de su aplicación constituye una barrera de entrada para las pymes, impidiendo que accedan a un incentivo diseñado para fomentar la inversión innovadora. Para los investigadores, hay 'margen de mejora' en este punto, sujeto a una correcta aplicación de la deducción. El diagnóstico se enmarca en la preocupación por las distorsiones que los impuestos pueden causar cuando su diseño no acompaña al nivel de presión fiscal.

El incentivo fiscal al alquiler y su limitada eficacia

La encuesta también aborda el IRPF y el incentivo que se creó para que los propietarios de viviendas en alquiler acepten rentas más bajas. Este incentivo permite tributar por una parte del rendimiento neto, que puede llegar a ser únicamente del 10%. Sin embargo, los asesores fiscales creen que la mayoría de los propietarios no tienen en cuenta estas reducciones al fijar el precio del alquiler.

Para los autores del estudio, esto sugiere que la medida puede tener 'poca efectividad', aunque no descartan que sea cuestión de tiempo que el incentivo se vaya incorporando a las decisiones de fijación de precios conforme se produzca la renovación de los contratos. La valoración de los expertos llega en un momento en que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales y económicos del país, y en el que el diseño de los beneficios fiscales se ha convertido en una herramienta de política pública.

Cambios de residencia y el coste de la facturación electrónica

Cerca del 60% de los encuestados afirma que las consultas sobre cambios de residencia fiscal hacia otros países o hacia otras comunidades autónomas van en aumento. Los autores apuntan que la competencia fiscal internacional y dentro de España sigue interesando a los contribuyentes, aunque en el caso nacional la tendencia se ha moderado. Un 45% de los asesores cree que estos cambios pueden ser ficticios, mientras que un 37% los considera reales, es decir, personas que efectivamente se trasladan para reducir su carga impositiva o la de sus herederos.

El cuarto elemento de actualidad es el sistema de facturación electrónica VERI*FACTU, impulsado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuya entrada en vigor está prevista para el próximo año. Un 66% de los asesores coincide en que permitirá reducir el fraude fiscal, pero un 85% cree que supondrá un mayor coste indirecto de cumplimiento para las empresas. Los autores recuerdan que las compañías deberán adquirir o adaptar sus programas de facturación y formar a sus trabajadores, un coste que la Administración debería tener en cuenta ante un temor que consideran 'razonable'.

Profesionales para mejorar, no para fijar el nivel de impuestos

Los autores del estudio concluyen que, en una democracia, es fundamental escuchar la opinión de los ciudadanos sobre los impuestos, pero advierten de que se trata de un tema complejo con un importante componente técnico. Por eso, defienden que también es importante considerar la opinión de los profesionales de la fiscalidad, no para tener más o menos impuestos, sino para tenerlos 'mejores'.

La encuesta, que cumple siete años, se elabora entre los economistas asesores fiscales del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), un colectivo para el que los impuestos son el foco diario de su profesión. El diagnóstico negativo sobre la evolución del sistema y las advertencias sobre la complejidad normativa apuntan a la necesidad de simplificar y estabilizar el marco tributario, un desafío que los autores sitúan en manos del legislador y de la Administración.