Un siglo de huelgas de inquilinos: la vivienda como eje de la protesta social hasta la convocatoria del 11-N

Barakaldo 1905: la primera huelga de inquilinos en España

La primera huelga por la vivienda de la que se tiene noticia en España estalló en Barakaldo en 1905. El 16 de mayo de ese año, unas 300 personas, lideradas fundamentalmente por mujeres, frenaron un desahucio en la calle de San Juan lanzando piedras a la comitiva judicial. Seis días después, ante un segundo intento de desalojo, las vecinas montaron barricadas con muebles, bloquearon las vías del tren y del tranvía y paralizaron el tráfico entre Bilbao y Portugalete.

El conflicto se extendió a Sestao y confluyó con una huelga fabril y minera en toda la comarca, secundada por miles de familias. La respuesta de las autoridades fue la declaración del estado de guerra y el despliegue del ejército. La revuelta no logró rebajar las rentas de forma inmediata, pero marcó un hito: llevó la protesta por la vivienda a la esfera pública e influyó en la Ley de Casas Baratas de 1911, la primera legislación estatal destinada a facilitar el acceso a una vivienda digna para la clase obrera.

La norma, que promovía la construcción de inmuebles económicos y saludables, otorgaba exención de impuestos durante 20 años y eximía del impuesto de transmisión a la compra de terrenos. También impulsaba cooperativas y patronatos que dieron origen a colonias obreras en Madrid. Pero sus resultados iniciales fueron limitados por trabas burocráticas y problemas de financiación.

Sevilla 1919: la rebelión de los inquilinos contra los propietarios

La siguiente gran sacudida llegó en 1919 en Sevilla, donde la crisis habitacional era galopante: déficit severo de vivienda asequible y alquileres que absorbían gran parte de los ingresos de la clase obrera y jornalera. En ese contexto, el médico anarquista Pedro Vallina fundó la Liga de Inquilinos de Sevilla, con el objetivo de "luchar contra los desahucios, mejorar las condiciones de vida de las familias que vivían de alquiler y frenar el gran poder de los propietarios y terratenientes".

Según relataba el propio Vallina en sus memorias, "los abusos eran de tal índole que pronto germinó una cólera sorda en todas las clases sociales, pues hasta los empleados modestos, incluso sacerdotes pobres y militares de baja graduación, se gastaban un tercio del sueldo en el alquiler de una mala vivienda". La iniciativa del Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos, del que Vallina fue secretario y tesorero, tuvo un éxito extraordinario: llegó a los 33.000 adherentes, "no sólo de la clase pobre, sino también de la media".

El comité decretó la incautación de las viviendas por quienes las habitaban y la suspensión del pago de rentas hasta lograr una rebaja del 50% y la supresión de intermediarios. La huelga se prolongó durante meses, con incidentes violentos contra las casas de los propietarios recalcitrantes. La presión fue tal que muchos propietarios acabaron aceptando las condiciones del comité, que emitía hojas selladas para que las viviendas fueran respetadas. En la victoria influyó un gobierno liberal que "no se atrevió a derramar la sangre del pueblo de Sevilla para proteger el egoísmo de la peor clase de propietarios", según Vallina.

La ola se extendió por todo el país: en 1920, mujeres inquilinas de la calle Embajadores de Madrid protestaron en la Puerta del Sol contra una subida de alquileres tres veces en dos años. En 1921, las Sociedades Obreras asturianas amenazaron con el impago generalizado de rentas. Y en 1923 se constituyó una Liga de Inquilinos en Tenerife, efímera por la llegada de la dictadura de Primo de Rivera.

Barcelona 1931: 100.000 familias en huelga de alquileres

A finales de los años 20, Barcelona vivió una expansión sin precedentes gracias a la Exposición Internacional, la construcción del metro y la urbanización de Montjuïc. La ciudad pasó de 600.000 habitantes a más de un millón en una década, atrayendo a miles de inmigrantes. Con el crac de 1929 y el fin de las obras, el paro y el hambre se extendieron, y una ola de desahucios expulsó a decenas de familias.

En 1931, recién estrenada la República, el Sindicato de la Construcción de la CNT creó un Comité de Defensa Económica (CDE) para negociar con la Cámara de la Propiedad y el Ayuntamiento la reducción de alquileres, la paralización de los desahucios y el fin de la subida de precios de los alimentos. Ante la cerrazón institucional, el comité llamó a la huelga de alquileres, exigiendo una reducción del 40% del precio y la exención de pago para los parados.

La huelga comenzó el 5 de julio y a finales de mes la secundaban 45.000 inquilinos; en agosto, 100.000 familias. El historiador británico Chris Ealham, en su obra "La lucha por Barcelona", destaca que "gracias a la huelga de inquilinos, muchos obreros ganaron experiencia sobre el proceso decisorio comunitario y la democracia popular". Las asambleas incorporaban reivindicaciones específicas de cada barrio: transporte público gratuito para los parados, escuelas, servicios sanitarios e iluminación en las Casas Baratas.

La respuesta del Gobierno fue dura: en agosto, la represión dejó 18 muertos y decenas de heridos según cifras oficiales. Para finales de año, los principales dirigentes del CDE estaban encarcelados. Aun así, la huelga se prolongó durante 1932 en diferentes zonas, y se lograron negociaciones con los propietarios para rebajar precios. El sindicato de la Construcción pactó además con el Ayuntamiento y la Generalitat los llamados 'suministros' para dar trabajo a los parados en obras públicas.

Tenerife 1933 y Sevilla 1936: la vivienda como chispa revolucionaria

En 1933, la revuelta saltó a Tenerife, donde la actividad portuaria había duplicado la población en poco tiempo. Los alquileres llegaban a suponer el 80% del sueldo medio: los arrendadores exigían entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras el salario medio oscilaba entre 120 y 130. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo de la CNT decidieron no pagar los alquileres hasta lograr una reducción del 40%, exigir el fin de los desahucios y proponer una huelga general si no había remedio.

La huelga de alquileres se materializó el 5 de julio, cuando las autoridades intentaron ejecutar desahucios, y derivó en una huelga general de tintes revolucionarios. Se atacaron casas de propietarios y administradores, se destrozaron muebles y se quemó la fábrica de salazones de Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical. El gobernador civil prohibió manifestaciones y cerró sedes sindicales, pero la huelga de inquilinos continuó: por cada desahucio, los inquilinos hacían estallar dinamita en la casa desalojada. Muchos propietarios acabaron aceptando rebajas para evitar males mayores.

En Sevilla, en la primavera de 1936, la Cámara de Inquilinos impulsada por la UGT denunció la dramática situación de la vivienda, agravada por inundaciones. El 30 de marzo, miles de personas reclamaron en un mitin en el Frontón Betis la rebaja del 50% de los alquileres, la prohibición de desahucios en casos de paro o enfermedad y la obligación de los propietarios de mantener las viviendas en condiciones dignas. Ante el fracaso de las negociaciones, miles de familias dejaron de pagar las rentas en junio, con el apoyo del Comité de Defensa Económica de la CNT. El golpe militar del 18 de julio interrumpió la movilización, y la represión posterior cerró la Cámara de Inquilinos y desmanteló el movimiento obrero.

El 11-N: la historia como brújula para la movilización actual

El historiador Julián Vadillo, especializado en el movimiento obrero, subraya que "la vivienda ha sido siempre objeto de debate en distintos congresos obreros internacionales y nacionales", citando desde la Liga de Antipropietarios de Joseph Tortelier en Francia (1887-1894) hasta las huelgas de inquilinos de Argentina en 1907, las luchas vecinales de los años 60-70 en España y las huelgas del periodo republicano. "La base organizativa y la unión de los afectados es clave para presionar y conseguir mejoras sustanciales en el acceso a una vivienda digna", concluye.

La convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y los sindicatos de clase, se inscribe así en una tradición de más de un siglo. Las movilizaciones históricas muestran que las concesiones, cuando llegan, son fruto de la presión organizada y de la capacidad de extender el conflicto más allá del ámbito individual. Como recuerda el artículo publicado por La Marea, la lucha por la vivienda ha sido "termómetro de la desigualdad social y brújula para la organización colectiva".